(ACI Prensa/InfoCatólica) La situación con los pacientes de COVID-19 se agrava a nivel mundial. En muchos países se han presentado denuncias donde demuestran que las autoridades sanitarias dejan morir a personas con bajas posibilidades de vida, ahora en Inglaterra, los obispos hacen pública su desesperación al saber que los médicos tienen la orden de «no resucitar» a los pacientes de COVID-19 que tengan una discapacidad intelectual.
La noticia fue dada a conocer por el periódico The Guardian esta misma semana, mientras la segunda ola toma auge.
El mes pasado, la organización benéfica británica Mencap, defensora de las personas con discapacidad de aprendizaje, había recibido dicha información de manera extraoficial.
La discapacidad mental no hace que una vida sea menos valiosa que otra
Monseñor Richard Moth, presidente del Departamento de Justicia Social de la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales, dijo: «nuestro valor como seres humanos nunca debería estar determinado por el estado de nuestra salud o capacidad mental.
Toda la vida humana está dotada de la misma dignidad dada por Dios desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.
En un momento en que la implementación eficiente del programa de vacunación nos brinda tanta esperanza, es impactante escuchar que las personas con discapacidades de aprendizaje están siendo víctimas de tal discriminación».
Monseñor Moth no comprende cómo la falta de amor y compasión ha prevalecido sobre la misericordia con el prójimo.
«Es totalmente inaceptable e inmoral sugerir que los desafíos que enfrentan algunas personas con discapacidades de aprendizaje para comunicar los síntomas, serían motivo de una orden de no reanimación.
No debería haber discriminación de este tipo en nuestro servicio de salud».
En abril de 2020 la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales se había pronunciado sobre la necesidad de tomar decisiones éticas en casos de recursos médicos limitados. «Una decisión en contra de ofrecer un determinado tratamiento para prolongar la vida a un individuo, nunca debe ser un juicio basado en el valor de la vida de esa persona, incluida su edad u otras características sociales, sino una decisión pragmática sobre la probabilidad de que se beneficie de la intervención dada su condición médica».
El periódico The Guardian publicó cifras del Servicio Nacional de Salud que indica que en las cinco semanas desde que comenzó el último cierre, el COVID-19 fue responsable del 65% de las muertes de personas con discapacidades de aprendizaje.
Otros estudios han demostrado que la tasa de muertes en personas con COVID-19 que padecían una discapacidad de aprendizaje, es seis veces mayor a la población general en la primera ola.
Los defensores de las personas con discapacidad intelectual han criticado al gobierno del Reino Unido por no permitir el acceso a las vacunas a este grupo de personas.
La Sociedad para la Protección del Niño por Nacer, hace la misma denuncia pública sobre «las ordenes de no resucitar a personas con discapacidad intelectual» calificándolas de espantosas e indicativas de discriminación vergonzosa.
