(Agencias/InfoCatólica) La portavoz de Educación de la Comisión Europea, Sonya Gospodinova, en declaraciones el viernes 5 de febrero con respecto a la Let Celaá, ha dicho: «La educación es una competencia nacional. Por tanto, es potestad exclusiva de los gobiernos decidir cómo se organiza la enseñanza, y la Comisión no tiene ninguna posibilidad legal de definirlo.
Dicho esto, seguimos de cerca la situación en Espala, también el desarrollo de la nueva ley de educación, y las intenciones del gobierno español de reemplazar los sistemas que había por otros sistemas públicos, en referencia al ataque a la escuela concertada (escuelas privadas que reciben una subvención pública para que sean más económicas, o incluso gratuitas), para priorizar las escuelas públicas controladas por los gobiernos regionales.
Quiero destacar, que la Comisión sostiene que los padres tienen el derecho de asegurarse de que la educación que se les da a los niños corresponde a sus convicciones religiosas y a sus visiones filosóficas y educativas. Ese derecho está recogido en el artículo 14.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales».
Continuó la portavoz: «la Carta Europea de Derechos Fundamentales impone obligaciones a los Estados miembro solo en los asuntos donde las instituciones europeas son competentes. Como ya he dicho, la educación es competencia nacional exclusiva, lo que no permite ninguna base a la Comisión para opinar sobre los nuevos avances legislativos del Gobierno español».
La nueva Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que acaba de entrar en vigencia el 19 de enero, ha sido una gran polémica desde sus inicios, pero nada la ha podido detener.
El presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, declaró que esta ley «ataca y perjudica a las escuelas concertadas, un modelo de escuela que permite que la oferta de educación sea mucho más plural, porque cualquier familia tiene acceso gratuito tanto a la enseñanza pública como a una pluralidad muy grande de escuelas que son privadas, pero que reciben esta ayuda y gracias a eso son gratuitas. En buena parte porque esa escuela es católica, que son más o menos el 25% de todas las escuelas del país».
También hizo hincapié en que «la asignatura de Religión, según los acuerdos con la Santa Sede, tiene que ser una asignatura como otra cualquiera del mismo nivel y tiene una asignatura optativa para los que no quieren religión».
Esto margina las enseñanzas religiosas y el otro aspecto negativo impuesto es la introducción de la ideología de género en todos los niveles educativos, como se lee en su artículo 22.
