(EP) «Animaremos desde la práctica pastoral a que en el testamento vital se diga explícitamente que uno no quiere que se le practique la eutanasia, que quiere recibir cuidados paliativos y que tampoco quiere ensañamiento terapéutico», ha declarado en una entrevista concedida a Europa Press el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.
Asimismo, según ha precisado, invitarán a los ciudadanos a «la objeción de conciencia», tanto a los enfermos como al personal sanitario, pues la ley prevé esta posibilidad.
El también obispo auxiliar de Valladolid ha dicho que los prelados han recibido esta ley de eutanasia «con tristeza» porque supone traspasar «una línea roja» y «violar una convicción básica de la civilización occidental».
Asimismo, los obispos han afeado que «muchos diputados» han celebrado su aprobación en el Pleno del Congreso «como un hito, como una fiesta casi, cuando son realidades dramáticas», y han reprochado al Gobierno «que se autodefine social», que no haya desarrollado antes otras cuestiones como «la ley de dependencia, facilitar la conciliación laboral o los cuidados paliativos».
«Sin resolver ninguna de estas cuestiones, ha considerado prioritario, como timbre de orgullo y de haber cumplido una misión histórica, aprobar esta vía de solución de los problemas. Nosotros estamos a favor de la buena muerte, pero pensamos que la buena muerte nunca es una muerte provocada, un homicidio, en definitiva», ha subrayado Argüello.
Sobre si consideran la ley suficientemente garantista, el obispo ha precisado que no se trata de que «sea suficiente o insuficiente» que la persona tenga que pedir hasta en cuatro ocasiones la eutanasia. A su juicio, aunque «se habla de libertad y autonomía», se corre el riesgo de que la persona decida solicitarla por «presión del sistema social, sanitario o familiar».
«Pensemos en otra cuestión de actualidad, el Salario Mínimo Interprofesional, ¿podría una persona decir 'yo trabajo por menos del SMI'? ¿Podría decir 'yo quiero ser esclavo de esta otra persona'? Todos decimos, por sentido común, que hay cuestiones de la propia dignidad que no se someten solo a la autodeterminación», ha argumentado.
En todo caso, Argüello ha reconocido que en las sociedades actuales «ha ido creciendo» la conciencia de que la eutanasia es «un acto compasivo» y lo ha achacado a «la influencia durante los últimos años de la manera de presentarla a través del cine, de la televisión y las series». También responde, a su juicio, a «una crisis espiritual de las sociedades occidentales».
Por todo ello, los obispos hacen un llamamiento a los católicos presentes en el ámbito de «la sanidad, de la vida política» o asociaciones a manifestarse contra la ley, «a hacer saber su opinión».
«En un momento de crisis económica y laboral y en una situación de pandemia con la cantidad de muertes que hemos vivido, hay que hacer caer en la cuenta a nuestros conciudadanos y representantes públicos en el Senado de la gravedad de este paso, para revertirlo o hacerlo menos letal», ha insistido.
La Iglesia, según ha dicho, podría apoyar «como ciudadanos» algún recurso de inconstitucionalidad contra la ley, aunque ha precisado que eso no quiere decir firmar un recurso porque para poder hacerlo hay que estar legitimado para ello.
«Si siguiendo las pautas democráticas se ha llegado a aprobar esta ley, han de utilizarse los mecanismos que la propia democracia nos ofrece, pero es un asunto más de fondo, no solo de procedimientos para legislar y anular lo legislado», ha opinado.
Ley Celaá. Oportunidad pedida
Por otro lado, el portavoz de los obispos ha lamentado que el Gobierno no les haya respondido a su propuesta sobre incluir la Religión en un área de valores.
Así, preguntado por si se sienten ignorados por el Gobierno, Argüello ha indicado que «los hechos hablan por sí mismos». «Hemos presentado una propuesta escrita y no hemos recibido ninguna contestación formal», ha subrayado.
Según ha indicado el obispo, la propuesta «fue recogida con interés» por parte del Ministerio de Educación por lo que esperaban que «al menos fuera contestada», que les dijeran al menos: «Esto que presentan ustedes es viable o no es viable».
En todo caso, ha asegurado que, desde la Iglesia seguirán trabajando e «insistiendo» para que en el desarrollo legislativo de la ley y en su aplicación en las comunidades autónomas, la ley «pueda mejorar lo máximo posible».
Los obispos consideran que la 'ley Celaá' es «una oportunidad perdida» aunque no sería «exacto» decir que les «asusta», según Argüello. Lo que sí habrían preferido es que se hubiera producido «un diálogo de un mínimo común alto», también con la propia escuela concertada.
«La escuela concertada siempre ha tenido el deseo de atender y acoger a cuantos más alumnos mejor, por eso es importante una financiación pública y que la escuela sea gratuita, porque la aportación que se hace a la concertada no cubre los gastos, si se hubiese abordado eso que se reconoce, las posibilidades de acuerdo hubieran sido muy altas», ha afirmado.
Si bien, a su juicio, el objetivo del Gobierno era «asegurar que la ley quede aprobada cuanto antes», algo que se ha reflejado también, según ha dicho, en el hecho de que «no se ha querido aprobar ninguna de las enmiendas presentadas en el Senado».
