(LifeSiteNews/InfoCatólica) Una coalición de veinte estados está pidiendo a la Corte Suprema que se ponga del lado del estado de Kentucky en su petición para que dicha Corte mantenga su prohibición del aborto en el segundo trimestre del embarazo por el procedimiento de desmembramiento del bebé en el útero.
En 2018, el exgobernador republicano de Kentucky, Matt Bevin, promulgó la ley que prohíbe el procedimiento de aborto por dilatación y evacuación (HB 454). Este proceso se conoce más comúnmente como «aborto por desmembramiento» porque se hace cortando al niño no nacido miembro por miembro en el útero materno para después extraerlo del mismo.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), de izquierda y abortista, demandó rápidamente, y el juez de distrito estadounidense Joseph McKinley se puso de su lado en mayo pasado.
Este verano, la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de los Estados Unidos dictaminó a favor de la ACLU, alegando que la HB 454 «impone una carga indebida» a «todas las personas a las que restringe» el supuesto derecho a abortar por ese procedimiento criminal. El Gabinete de Servicios de Salud y Familia decidió no apelar el caso.
Ahora el Fiscal General Republicano Daniel Cameron quiere llevar el caso al tribunal más alto de la nación y los fiscales generales de otros veinte estados –Arizona, Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Virginia Occidental– firmaron un escrito apoyándole.
Los defensores también afirman que el aborto por desmembramiento es el procedimiento más seguro disponible (para la madre) en el segundo trimestre del embarazo, pero los defensores de la vida sospechan que los abortistas en realidad prefieren los abortos por desmembramiento porque pueden adaptarse mejor a sus horarios y, por lo tanto, ganar más dinero.
En cuanto a los méritos de los fallos contra la ley, los partidarios señalan que en el caso Stenberg v. Carhart de 2000, el juez de la Corte Suprema pro-aborto John Paul Stevens admitió que los procedimientos de aborto por nacimiento parcial y aborto por desmembramiento eran «igualmente espantosos», y que era «simplemente irracional», si bien concluyó en la sentencia que uno era «más parecido al infanticidio que el otro».
La sentencia del caso Stenberg anuló la prohibición federal del aborto por nacimiento parcial, pero la sentencia del caso Gonzales v. Carhart finalmente mantuvo la legalidad de este procedimiento en 2007.