(CNA/InfoCatólica) El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito escuchó argumentos el viernes en el caso de las iglesias de California contra el mandato de cobertura del aborto del estado.
«Esta es una agresión en curso», dijo Jeremiah Galus, abogado principal de Alliance Defending Freedom, en nombre de las iglesias ante un panel de tres jueces del Noveno Circuito.
Galus dijo que «cada día que pasa es otro día en el que las iglesias deben cubrir algo que viola sus creencias religiosas».
ADF representa a tres iglesias cristianas que desafiaron el mandato del estado de California de que cubran los abortos en los planes de salud de los empleados. Las iglesias son Foothill Church en Glendora, Calvary Chapel Chino Hills en Chino y The Shepherd of the Hills Church en Porter Ranch.
El Departamento de Atención Médica Administrada de California requirió en 2014 que los empleadores cubrieran los abortos en los planes de salud.
Según la ADF, los correos electrónicos internos entre DMHC y Planned Parenthood revelan que la organización presionó al estado para que exigiera la cobertura del aborto por iglesias parte de y grupos religiosos. El departamento de salud del estado inicialmente no había incluido grupos religiosos en el mandato de cobertura del aborto.
Karli Eisenberg, defendiendo al estado el 20 de noviembre, afirmó que el director del DMHC «sin darse cuenta aprobó los planes» que incluyen cobertura de aborto, pero cuando se dio cuenta de la discrepancia, «recordó a los planes que no cumplían su obligación de cumplir con la ley estatal preexistente». El estado, dijo, incluye la cobertura del aborto como parte de los servicios básicos de salud.
Los grupos pro-vida y la Conferencia Católica de California presentaron mociones legales contra el mandato de 2014 y apelaron a la administración Obama bajo la Enmienda Weldon, una ley de 2005 que prohíbe la financiación federal de los estados y localidades que obligan a las entidades de atención médica a proporcionar abortos. La administración dijo que no se había violado la ley.
En enero, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos dictaminó que el estado había violado la ley y amenazó con retener fondos federales a California a menos que el estado dejara de obligar a los grupos a cubrir el aborto en contra de sus creencias de conciencia. Las Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo fueron uno de los dos grupos que presentaron denuncias ante el HHS.
En respuesta, el fiscal general del estado, Xavier Becerra, se negó a cumplir con la demanda federal.
El viernes, ADF argumentó que el mandato de cobertura del aborto era «una infracción innecesaria y sin precedentes de las creencias religiosas que merece un escrutinio estricto».
