(CNA) Durante una audiencia del comité del Senado el martes, Nicole Rose, directora ejecutiva de AUSTRAC, el servicio de inteligencia financiera del gobierno australiano, fue interrogada sobre las alegaciones, publicadas por primera vez en los medios de comunicación italianos el 2 de octubre, de que aproximadamente 700.000 euros en fondos de la Iglesia habían sido enviados a Australia a instancias del cardenal Angelo Becciu con el fin de influir en el juicio del cardenal Pell por cargos de abuso sexual.
La senadora Concetta Fierravanti-Wells preguntó a Rose sobre los informes de los medios de comunicación sobre las transferencias «supuestamente de fondos del Vaticano a una persona o personas en Australia».
«Sí, puedo confirmar que AUSTRAC ha investigado el asunto y hemos proporcionado información a la AFP [Policía Federal Australiana] y a la Policía de Victoria», dijo Rose al Comité de Legislación de Asuntos Legales y Constitucionales el 20 de octubre.
El intercambio durante la sesión del comité parlamentario confirmó que el AUSTRAC, encargado de vigilar las transacciones financieras para prevenir el blanqueo de dinero, la delincuencia organizada, la evasión fiscal, el fraude y la financiación del terrorismo, está al tanto de las acusaciones y, al parecer, ha identificado información que merece la atención o la investigación de la policía.
El periódico italiano Corriere della Sera informó por primera vez el 2 de octubre que la supuesta transferencia es parte de un expediente de pruebas que están compilando los investigadores y fiscales del Vaticano contra el cardenal Becciu, quien fue obligado a renunciar por el Papa Francisco el 24 de septiembre, en aparente conexión con múltiples escándalos financieros que se remontan a su época como sostituto en la Secretaría de Estado del Vaticano.
Según el periódico italiano Il Messaggero, las acusaciones relativas a un traslado a Australia fueron hechas por Mons. Albert Perlasca, antiguo jefe adjunto de Becciu en la secretaría.
Perlasca y Becciu trabajaron juntos durante varios años supervisando aspectos del gobierno curial, incluyendo la inversión de las finanzas del Vaticano. Se cree que Perlasca está cooperando con los fiscales del Vaticano como parte de una investigación en curso sobre la mala conducta financiera en la Secretaría de Estado durante un período de años.
CNA no ha confirmado el fondo de la acusación. El Cardenal Becciu ha negado repetidamente cualquier mala conducta o intento de influenciar el juicio del Cardenal Pell.
El propio Pell no ha abordado públicamente las acusaciones, aunque el ex jefe de su equipo de defensa legal en Australia, Robert Richter QC, ha pedido una investigación pública de las acusaciones.
Después de los informes iniciales de las acusaciones, algunos medios de comunicación especularon que los fondos podrían haber sido enviados desde las cuentas del Vaticano a o a través de la nunciatura de la Santa Sede en Australia.
El 6 de octubre en Roma, el Papa Francisco se reunió con el arzobispo Adolfo Tito Yllana, nuncio apostólico en Australia, para discutir las acusaciones. Sin embargo, la confirmación del AUSTRAC de que se había transmitido información tanto a la policía nacional como a la policía estatal de Victoria sugiere que cualquier transferencia o transferencias que se estén investigando podrían quedar fuera de los canales diplomáticos o soberanos.
En 2017, Pell se apartó temporalmente de su cargo como jefe de finanzas de la curia en el Vaticano para regresar a Australia, donde fue juzgado por acusaciones de abuso sexual, atestiguadas en el juicio por una sola presunta víctima. Después de pasar más de un año en prisión, la condena de Pell fue revocada por la Corte Suprema Australiana a principios de este año.
Si bien el AUSTRAC ha remitido información a la policía tanto a nivel estatal como federal, la policía local de Victoria ha sido criticada por su manejo del caso Pell.
En 2013, la policía de Victoria inició la Operación Ataduras, una investigación abierta sobre posibles delitos del cardenal Pell. En el momento en que comenzó la operación, ninguna presunta víctima se había presentado contra el cardenal y no se habían presentado denuncias penales contra él. Aunque no se habían encontrado víctimas ni acusaciones penales, en 2015 se amplió el programa y se le dio un carácter más formal.
En 2017, Pell fue acusado de abusar sexualmente de dos menores. Fue condenado en 2018 sobre la base de las pruebas de una sola víctima acusadora, la segunda presunta víctima murió antes del juicio. La segunda presunta víctima había negado en varias ocasiones que hubiera sido objeto de abusos sexuales.
En diciembre, la CNA informó de que, ya en 2014, altos funcionarios de la policía de Victoria debatieron que la investigación sobre el cardenal Pell podría utilizarse para desviar el escrutinio público de un escándalo de corrupción en el cuerpo policial, vinculado a la delincuencia organizada, que se había convertido en una tormenta mediática en Victoria.
El cardenal Pell fue el primer prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano, un departamento creado por el Papa Francisco en 2014 para dar coherencia y transparencia a la administración de las finanzas de la curia.
De 2011 a 2018, el cardenal Becciu sirvió como sustituto en la Secretaría de Estado. Mientras estuvo allí, se sabía que tenía una relación tensa con el cardenal Pell.
La CNA ha informado que los dos cardenales se enfrentaron repetidamente por los intentos de Pell de reformar las finanzas del Vaticano y de instituir reformas ordenadas por el Papa Francisco.
Siguiendo las alegaciones de que Becciu usó fondos del Vaticano en un intento de interferir en el juicio de Pell en Australia, el 17 de octubre el abogado de Becciu, Fabio Viglione, dijo, «con respecto a la eterna atención de algunos periodistas al juicio del cardenal Pell», Becciu «se ve obligado a reiterar enérgicamente que nunca ha interferido con él de ninguna manera».
El abogado también dijo «para proteger y defender su honor, tan gravemente dañado», Becciu puede buscar un recurso legal contra algunas organizaciones de noticias por su continua información de «una supuesta, aunque inexistente actividad para manchar la evidencia del juicio del cardenal Pell».
