(ACI Prensa/InfoCatólica) En un comunicado El Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad (CEFABIOS) de la Universidad Pontificia de México declaró que la iniciativa que busca legalizar el aborto desde los 13 años y sin consentimiento de los padres es «reprobable desde el punto de vista ético y totalmente inoportuna.
Mientras que los mejores talentos en el mundo, están orientados para encontrar un remedio contra la pandemia del Covid-19, que amenaza la salud y a la vida de la humanidad, en México, se presenta esta iniciativa que atenta contra la dignidad humana y la vida de los más pequeños».
Esta iniciativa fue presentada por tres senadoras de Morena, el partido del presidente de México Andrés Manuel López Obrador: Martha Lucía Micher Camarena, Minerva Citlalli Hernández y Jesusa Rodríguez Ramírez.
CEFABIOS explica cómo pretenden «pasar por alto dos serios problemas legales».
«Por un lado, la iniciativa parte del supuesto de que México se encuentra obligado a ofrecer a las mujeres y adolescentes atención para un aborto sin riesgos. Lo anterior es incorrecto, como sostuvo la mayoría de los Ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión del 29 de julio de 2020».
La ministra Norma Lucía Piña Hernández dijo que «no hay un mandato específico que obligue al legislador a legislar en materia de aborto en un determinado sentido. A pesar de que la iniciativa pretende modificar el contenido de Leyes Generales para lo que está facultado el Congreso de la Unión, toca materias que son exclusivas de los Estados; en consecuencia, dichas alteraciones al texto legal implican una invasión a las facultades legislativas de los Estados. El Congreso de la Unión no es competente para establecer la legalidad del aborto ya que dicha decisión corresponde únicamente a los congresos estatales como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 10/2014».
EL comunicado también explica que la iniciativa de legalización del aborto en México «presenta además graves problemas de carácter antropológico y sociológico, niega de hecho la relevancia jurídica que tiene el vínculo familiar que, aunque también tiene su carácter jurídico, se fundamenta en una dimensión más fundamental del ser humano, a saber, la filiación familiar que posee intrínsecamente cualquier persona por el hecho de estar viva.
Otro de los problemas que presenta esta iniciativa es el apelo que hace a los nuevos «derechos» reproductivos, ya que existe una ambigüedad detrás de tal rótulo. El problema no se reduce al mero lenguaje, ya que a partir del uso tendencioso del mismo existen repercusiones sobre los hechos y las vidas de las personas.
La violencia, los abusos y violaciones a menores son parte de los males que padece dolorosamente la sociedad mexicana, la labor del Estado debería centrarse en trabajar en políticas públicas que atiendan el problema de raíz. El problema no se reduce sólo al sector de salud.
Las nuevas iniciativas que se pretenden promover sobre los nuevos derechos reproductivos no hacen sino desplazar el problema real, ya que sólo se atiende el síntoma, creyendo que con la nueva reforma de salud (educación neutra y sexual por parte del Estado) la tasa de embarazos infantiles y abusos se reducirá.
Es falso, ya que la promoción del ejercicio de la sexualidad genital como un medio de satisfacción de impulsos, que esta iniciativa de ley supone, da la ocasión perfecta para que el abuso sexual infantil incremente, sobre todo porque provee la solución para que el responsable evite las consecuencias.
Así mismo, facilita las relaciones sexuales entre menores como un intercambio de satisfacción de deseos eróticos y de necesidades afectivas, sin el debido acompañamiento familiar para evitar abusos, acosos y daños tanto físicos como psicoafectivos atentando con ello la patria potestad.
La Universidad Pontificia de México alienta a los miembros de la Cámara de Diputados y Senadores para que se reconozca el valor de lo humano en todas sus facetas, y se valore en su justa medida si esta iniciativa atiende verdaderamente las necesidades de nuestra sociedad.
También alienta a las instituciones y a la sociedad civil a que fomenten el diálogo abierto y sincero a fin de indagar sobre la verdad y salvaguardar socialmente a los más vulnerables».
