(NCR/InfoCatólica) La llamada «Comisión para Asuntos Reservados» está formada por cinco miembros que tienen la tarea de supervisar los acuerdos financieros que están exentos de la nueva ley de contratos públicos del Papa, promulgada el 1 de junio.
Además del cardenal Farrell, Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el Pontífice nombró al arzobispo Filippo Iannone, presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, como secretario de la comisión.
Los miembros nombrados fueron el obispo Nunzio Galantino, presidente de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede (APSA); el jesuita P. Juan A. Guerrero, prefecto de la Secretaría de Economía; y el obispo Fernando Vergez Alzaga, secretario general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Razones de seguridad son las que motivan que existan las mencionadas transacciones financieras que,no están sujetas a las nuevas normas anticorrupción del Papa. Se incluyen cuatro casos específicos de contratos estipulados por la Secretaría de Estado y la Gobernación: contratos relacionados con asuntos cubiertos por el secreto pontificio, contratos financiados por una organización internacional, contratos necesarios para cumplir obligaciones internacionales y contratos relativos al cargo y la seguridad del Papa, la Santa Sede y la Iglesia Universal o «necesarios o funcionales para asegurar la misión de la Iglesia en el mundo y garantizar la soberanía e independencia de la Santa Sede o del Estado de la Ciudad del Vaticano».
