(CatholicHerald/InfoCatólica) Investigadores de un grupo de expertos australiano descubrieron que los campos de reeducación para musulmanes en la región china de Xinjiang se expandieron el año pasado, a pesar de que el gobierno afirma que la mayoría de los detenidos había sido puesto en libertad.
El Instituto Australiano de Política Estratégica dijo en un informe del 24 de septiembre que había «identificado y cartografiado más de 380 presuntos centros de detención en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, destacando los campos de “reeducación”, los centros de detención y las prisiones que se han construido o ampliado desde 2017».
«Los resultados de esta investigación contradicen las afirmaciones de los funcionarios chinos de que todos los “aprendices” de los llamados centros de formación profesional se habían “graduado” a finales de 2019. En cambio, la evidencia disponible sugiere que muchos detenidos extrajudiciales en la vasta red de “reeducación” de Xinjiang, ahora están formalmente acusados y encerrados en instalaciones de mayor seguridad, incluidas cárceles recientemente construidas o ampliadas, o enviados a recintos amurallados para trabajos forzados».
El grupo de expertos presentó evidencia de imágenes satelitales que muestran la construcción y expansión en 61 sitios desde julio de 2019; la mitad de estos, dijo, son «instalaciones de mayor seguridad, lo que puede sugerir un cambio en el uso de los centros de reeducación de menor seguridad hacia instalaciones de mayor seguridad estilo prisión».
Se estima que un millón de uigures, miembros de un grupo étnico-religioso musulmán, han sido detenidos en campos de reeducación en Xinjiang. Dentro de los campamentos, según informes, son sometidos a trabajos forzados, torturas y adoctrinamiento político. Fuera de los campamentos, los uigures son monitoreados por fuerzas policiales dominantes y tecnología de reconocimiento facial.
El gobierno chino ha defendido su política de detención masiva y reeducación como una medida adecuada contra el terrorismo.
En un momento, el gobierno negó que los campamentos existieran, pero desde entonces ha pasado a defender sus acciones como una respuesta razonable a una amenaza a la seguridad nacional y alegando que son centros de formación profesional.
Los funcionarios del gobierno de la región dijeron en julio de 2019 que los campamentos de reeducación para musulmanes del área han tenido éxito, y que la mayoría de los detenidos se han reintegrado a la sociedad china.
Shohrat Zakir, presidente de Xinjiang, dijo en una conferencia de prensa el 30 de julio de 2019 en Beijing que «la mayoría de los graduados de los centros de formación profesional se han reintegrado a la sociedad», según AP., «más del 90% de los graduados han encontrado trabajos satisfactorios con buenos ingresos».
El vicepresidente de Xinjiang, Alken Tuniaz, dijo que a los detenidos se les permitió «solicitar tiempo libre e irse a casa con regularidad», informó AP.
Si bien no se les permite practicar su religión durante su período de estudio, pueden hacerlo en casa.
Tuniaz también dijo que «la mayoría del personal que recibió educación y capacitación ha regresado a la sociedad y regresado a sus hogares», según el Wall Street Journal «La mayoría ha conseguido un empleo con éxito».
Los uigures pueden ser arrestados y detenidos bajo vagas leyes antiterroristas. La violencia en la región se intensificó en la década de 1990 y nuevamente en 2008.
Un documento de 2019 de un condado de Xinjiang filtrado a los medios occidentales a principios de este año indica que la violación de las políticas de control de la natalidad es la razón más común para la «reeducación» de unos 3.000 uigures, a menudo junto con otras razones.
En junio, una investigación de la AP descubrió una campaña sistemática del Partido Comunista Chino de controles de embarazo y abortos forzados, esterilizaciones e implantaciones de DIU en uigures y otras minorías en Xinjiang.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley el 22 de septiembre para garantizar que los bienes vendidos en el país no se fabriquen con trabajo forzado en los campos de internamiento y, a principios de este año, la administración Trump impuso sanciones por viajes y activos a varios altos funcionarios del Partido Comunista Chino en Xinjiang por su papel en el internamiento masivo de uigures.
En octubre de 2019, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos agregó a 28 organizaciones chinas a una lista negra que les prohibía comprar productos de empresas estadounidenses, diciendo que cooperan en la detención y represión de los uigures.
La represión de los uigures es parte de un esfuerzo generalizado del gobierno chino para «sinizar» la religión y la cultura en todo el país.
En 2018, la Santa Sede y Beijing firmaron un acuerdo de dos años para unificar la Iglesia Católica clandestina en China con la Asociación Católica Patriótica China administrada por los comunistas, y para colaborar en el nombramiento de obispos en las diócesis chinas. Se espera que ese acuerdo se renueve. Los funcionarios estatales en varias regiones de China han continuado quitando cruces y demoliendo edificios de iglesias, y los católicos clandestinos y el clero continúan denunciando acoso y detenciones.
Un informe del 22 de septiembre de Adrian Zenz, de la Fundación Jamestown, dijo que en la Región Autónoma del Tíbet, cientos de miles han sido obligados a ingresar en campos de trabajo o capacitación vocacional.
Y en la Región Autónoma de Mongolia Interior, a partir de este mes, las escuelas están pasando de enseñar tres materias básicas en mongol a hacerlo en mandarín.
