(ACI Prensa) Desde hace algunos meses, países, empresas farmacéuticas, universidades, entre otros, se han abocado a la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus COVID-19; sin embargo, en el camino han surgido una serie de objeciones éticas, principalmente si un católico puede recibir una vacuna en cuyo desarrollo se usaron líneas celulares de fetos abortados.
«El COVID-19 ha generado un serio problema de salud, que ha causado muchas muertes en todo el mundo. Ello configura una situación que requiere respuestas de fondo, como son las distintas estrategias terapéuticas y, especialmente, las vacunas. Por eso es muy importante que se desarrollen vacunas con materiales de origen lícito que permitan superar esta situación», aseguró Lafferriere.
El especialista negó que sea ético que se desarrolle, se pruebe en humanos y posteriormente se distribuya una vacuna basada en el uso de células fetales. Aseguró que eso «sería contrario a la ética, porque habría una cooperación material con la acción ilícita que es el aborto».
El experto aseguró que «este tema ha sido debidamente explicado por la Pontificia Academia para la Vida en 2005 y 2017 y por la Congregación para la Doctrina de la Fe en 2008 en la instrucción Dignitas Personae».
«El Magisterio hace distinciones según la forma de cooperación con esa conducta tan gravemente injusta que es el aborto. En primer lugar, hay una cooperación formal, que es aquélla en que se comparte la intención deliberadamente orientada a provocar el aborto. Esta cooperación puede darse si se participa del aborto para extraer los tejidos del feto abortado para su utilización posterior. Este problema también se presenta en el caso de los científicos que conciben embriones humanos para luego crear cultivos celulares a partir de su destrucción. Estos casos son claramente ilícitos (Dignitas Personae, n. 34 y Evangelium Vitae 63)», explicó.
Por otro lado, Lafferriere destacó que, «a diferencia de la cooperación formal, la cooperación material es aquélla que ocurre sin compartir la intencionalidad abortiva, pero que merece objeciones éticas en función del objeto de la acción».
«La cooperación material es, en principio, gravemente ilícita cuando se trata de quienes colaboran en el desarrollo y testeo de las vacunas y otros desarrollos biotecnológicos utilizando como base los tejidos de origen abortivo». «Esto es así aunque se trate de científicos que no han participado del proceso de aborto, como lo explica la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 2008 en la instrucción Dignitas Personae», añadió.
Este documento vaticano señala: «Se configura un problema distinto cuando los investigadores usan un ‘material biológico’ de origen ilícito, que ha sido producido fuera de su centro de investigación o que se encuentra en comercio. La Instrucción Donum vitæ ha formulado el principio general que debe ser observado en estos casos: "Los cadáveres de embriones o fetos humanos, voluntariamente abortados o no, deben ser respetados como los restos mortales de los demás seres humanos. En particular, no pueden ser objeto de mutilaciones o autopsia si no existe seguridad de su muerte y sin el consentimiento de los padres o de la madre. Se debe salvaguardar además la exigencia moral de que no haya habido complicidad alguna con el aborto voluntario, y de evitar el peligro de escándalo"».
El profesor Lafferriere precisó que el «deber de rechazar el ‘material biológico’ deriva de la obligación de separarse, en el ejercicio de la propia actividad de investigación, de un marco legislativo gravemente injusto y de afirmar con claridad el valor de la vida humana».
«Esto vale también en ausencia de cualquier conexión próxima de los investigadores con las acciones de los técnicos de la procreación artificial o con las de aquéllos que han procurado el aborto, e incluso cuando no haya un acuerdo previo con los centros de procreación artificial», indica el numeral 35 de Dignitas Personae.
El director del Centro de Bioética, Persona y Familia dijo que «también hay una colaboración material pasiva, cuando no se denuncia el origen ilícito de estas líneas celulares por parte de quienes tienen alguna responsabilidad en el proceso». «Luego hay una cooperación material con el mal por parte de las autoridades y responsables de las políticas de fiscalización de medicamentos que haciendo uso de sus atribuciones promueven o admiten el uso de estas vacunas de origen ilícito», agregó.
Lafferriere también destacó otro problema existente: el relacionado a los médicos y usuarios, «que tienen una conexión mucho más remota con el aborto y la utilización del cadáver de feto abortado y que su participación puede tener distintos matices, como veremos luego».
También aclaró que, «para el desarrollo de vacunas, las líneas celulares generadas a partir del cadáver de un feto abortado ofrecen los cultivos para que se desarrollen las vacunas, pero luego las vacunas no llevan en sí mismas células del feto abortado».
«Todo ello, por supuesto, dejando fuera el problema de la seguridad y eficacia de la vacuna en sí misma, de los datos existentes sobre la contagiosidad y tasa de mortalidad de la enfermedad, y de la existencia de fármacos o tratamientos terapéuticos eficaces, que son otros aspectos a tener en cuenta. Aquí sólo me he concentrado en lo estrictamente referido a vacunas desarrolladas a partir de líneas celulares de origen éticamente cuestionable», comentó.
Vacunas actualmente desarrolladas con líneas celulares fetales
Durante la entrevista, se le preguntó al profesor de Bioderecho cuál es el problema con las dos líneas celulares fetales humanas, la «HEK-293» y la «PER.C6», que están utilizando actualmente para crear algunas vacunas contra el COVID-19.
Lafferriere aclaró que estas dos líneas celulares «son objetadas porque provienen de fetos abortados».
«El tema está explicado en un documento de la Pontificia Academia para la Vida del año 2005 titulado ‘Reflexiones morales sobre vacunas preparadas de células derivadas de fetos humanos abortados’, específicamente en la nota al pie número 6 que explica que la línea celular HEK 293 fue derivada de células de riñón de un feto abortado aproximadamente en 1972 y que la línea PER.C6 fue derivada de tejido de retina de un bebé de 18 semanas de gestación abortado en 1985», explicó.
Lafferriere dijo que, en principio, «la cooperación material con el mal puede ser inmediata o mediata y la cooperación mediata puede ser próxima o remota».
«En el caso de estas dos líneas de células derivadas de células fetales o embrionarias, ciertamente estamos ante una forma de cooperación remota. Pero ello no cambia el hecho de que el desarrollo de la vacuna a partir del uso de líneas celulares fetales humanas provenientes de fetos abortados es moralmente objetable», aseguró.
Alternativas éticas en el desarrollo de vacunas
El profesor Lafferriere remarcó que en la actualidad también «existen alternativas éticamente aceptables para el desarrollo de vacunas, como la utilización de líneas celulares que no tienen origen ilícito». «Ese es el auténtico camino ético que se debe promover en este momento», afirmó.
En ese sentido, indicó que el Lozier Institute, la entidad investigadora del grupo provida estadounidense Susan B. Anthony List, ha publicado un informe detallado con los programas de desarrollo de vacunas para COVID-19 «que son éticamente aceptables y los que presentan problemas de fondo».
Dijo que «en este informe podemos ver claramente que hay muchos proyectos de vacunas perfectamente aceptables desde el punto de vista ético, según los criterios antes explicados».
«Estas vacunas son las que deberían contar con todo el apoyo general y gubernamental», afirmó.
¿Es lícito para un católico recibir una vacuna basada en tejidos de fetos abortados?
El profesor Lafferriere explicó que «en 2005 y luego en 2017, la Pontificia Academia para la Vida sostuvo que para el caso de enfermedades para las que no hay vacunas alternativas éticamente aceptables y disponibles, está bien abstenerse de usar esas vacunas que tienen un origen ilícito si no se causa a los niños y a la población como un todo riesgos significativos a su salud».
«Sin embargo, si los niños o la población están expuestos a riesgos considerables para su salud, las vacunas que tienen problemas morales de base pueden ser usadas en forma temporaria. La razón es que el deber de evitar la cooperación pasiva con el mal no es vinculante si hay un grave inconveniente. Aún más, si hay peligro de que se propague un agente patológico por la falta de vacunación de los niños, la Pontificia Academia para la Vida afirma que nos encontramos ante una razón proporcionada para aceptar el uso de estas vacunas», explicó el experto.
La Congregación para la Doctrina de la Fe en Dignitas Personae (2008) sostiene lo siguiente en el numeral 35: «Por supuesto, dentro de este marco general existen diferentes grados de responsabilidad. Razones de particular gravedad podrían ser moralmente proporcionadas como para justificar el uso de ese ‘material biológico’. Así, por ejemplo, el peligro para la salud de los niños podría autorizar a sus padres a utilizar una vacuna elaborada con líneas celulares de origen ilícito, quedando en pie el deber de expresar su desacuerdo al respecto y de pedir que los sistemas sanitarios pongan a disposición otros tipos de vacunas».
En síntesis, Lafferriere dijo que las condiciones para que un católico pueda recibir las vacunas que tienen un origen remoto ilícito son: «Que no exista otra alternativa éticamente aceptable»; «que exista una razón proporcionada y urgente, como el peligro de propagación y de contagio de una enfermedad que dañe a los niños o la población en general»; «que se exprese el desacuerdo con las vacunas en razón de su origen ilícito»; y finalmente que «se pida a los sistemas sanitarios que pongan a disposición otros tipos de vacunas».
«Se trata de una respuesta temporaria, de ultima ratio, para responder a ese motivo de cuidado de la salud y hasta que se desarrollen las alternativas éticamente aceptables», aseguró.
El docente de la UCA, explicó que un católico caería en un problema ético y caería en una cooperación con el mal al «recurrir a una vacuna desarrollada a partir de líneas celulares que tienen origen en material ilícito, como los tejidos de fetos abortados», «en el caso de que exista una vacuna alternativa cuyo origen sea éticamente aceptable».
«Todo ello presupone que estén dadas las condiciones de seguridad y eficacia de todas las vacunas y todas las demás circunstancias que califican la decisión, desde el punto de vista técnico», añadió el experto.
Para leer la entrevista completa, donde Nicolás Lafferriere también aborda aspectos sobre el marco legal internacional que permite el uso de tejido fetal, el deterioro de la importancia de reconocer la inviolabilidad de la vida humana y qué alternativas hay para combatir este escenario, haga click Aquí.
