(Fides) En un comunicado difundido el lunes 20 de julio, el Patriarcado caldeo definió esta medida dispuesta por la Administración de los Estados Unidos como una forma de deportación «inhumana e inmoral», porque afecta a personas residentes en los Estados Unidos desde hace muchos años, a veces obligadas a separarse de su familia o a llevar consigo a Irak a sus hijos nacidos en América que no hablan árabe, exponiendo así a todo el núcleo familiar al riesgo del aislamiento social y de la falta de trabajo y de medios de subsistencia.
El pronunciamiento patriarcal, difundido a través de los canales oficiales del Patriarcado caldeo, espera un replanteamiento por parte de la Administración estadounidense, que proteja los derechos y la tranquilidad familiar a los iraquíes potenciales víctimas de los dispositivos de expulsión.
El jueves 2 de julio, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no aceptó la petición de un importante grupo de iraquíes que solicitaban el bloqueo de las disposiciones de expulsión y repatriación forzosa a Irak dictadas por los sistemas judiciales estadounidenses.
El caso afecta a unos 1.400 iraquíes residentes en los Estados Unidos, algunos de los cuales se han visto afectados durante mucho tiempo por medidas de expulsión, que se aplicaron después de haber sido juzgados por delitos. Muchos de ellos, en las peticiones presentadas para eludir los decretos de expulsión, sostenían que la repatriación forzada a Irak los exponía al riesgo de sufrir «torturas y persecuciones». Hasta hace algunos años, eran los propios Gobiernos iraquíes los que se oponían a las repatriaciones forzosas de sus conciudadanos residentes en los Estados Unidos y afectados por medidas de expulsión.
La situación ha cambiado desde junio de 2017, debido a las nuevas normas de inmigración aplicadas por la Administración Trump. Estas normas también condujeron en junio de 2017 a la detención de 114 iraquíes a disposición de la Immigration and Custom Enforcement (ICE, la Agencia Federal de Control de Fronteras y de Inmigración de los Estados Unidos). En las semanas siguientes, como informó la Agencia Fides, el juez Mark Goldsmith de Detroit consiguió temporalmente bloquear la deportación de cristianos caldeos y de otros inmigrantes iraquíes, demostrando que los casos penales y judiciales que pesaban sobre muchos de los iraquíes amenazados con la deportación - y evidenciados por la policía como la razón de su deportación - en realidad eran casos «inactivos», sacados a la luz para la ocasión, de una manera evidentemente engañosa.
En realidad, ya antes del intento de resistencia legal actuado por el juez Doldsmith, la operación de repatriación se produjo después del acuerdo entre los EE.UU. e Iraq en el que el gobierno iraquí acordó acoger un cierto número de ciudadanos iraquíes sometidos a órdenes de expulsión, con el fin de ser eliminado de la lista negro de las naciones afectadas por el llamado «muslim ban», el bando del presidente Donald Trump para impedir el acceso a Estados Unidos de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana considerados como potenciales «exportadores» de terroristas.
