(C-Fam/InfoCatólica) Cada año, miles de mujeres de todo el mundo se congregan en la sede de la ONU en Nueva York para la reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer durante dos semanas de conferencias, destinadas teóricamente a resolver los problemas de las mujeres del mundo. Es una reunión en la que se intenta crear una atmósfera festiva y triunfal, por tratarse del mayor evento feminista mundial anual y el segundo mayor evento anual de la ONU. Los grupos abortistas, que se encuentran entre los grupos feministas mejor financiados y más visibles, controlan gran parte de la agenda de la conferencia y, este año, se estima que 12.000 mujeres habían planeado asistir, para conmemorar el aniversario de la conferencia de Beijing. La reunión de Beijing en 1995 fue un hito en la política internacional para las feministas, ya que consolidó la inclusión del aborto en la política de la ONU.
El lunes pasado, sin embargo, la reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer tuvo lugar con una asistencia muy reducida y apenas hubo aplausos tras las intervenciones de los oradores. Tampoco se produjeron los abucheos habituales para apoyar el aborto e intimidar a la Santa Sede u otros oradores provida. Los activistas y diplomáticos parecían desorientados por la gran diferencia con sesiones pasadas. La decepción fue palpable en el Salón de la Asamblea General. «Es un marcado contraste con las sesiones de apertura de años anteriores. Todos podemos ver que falta algo. En este salón y en toda la ONU», declaró la representante noruega ante la ONU y presidenta del Consejo Económico y Social, Mona Juul.
El nuevo brote de coronavirus, COVID-19, obligó a la Comisión a cancelar y posponer gran parte del evento anual. Aunque estaba previsto que durase dos semanas, los Estados miembros de la ONU decidieron que solo tuviera lugar la parte sustancial de la conferencia durante una reunión de dos horas el lunes, con el fin de aprobar una declaración política para celebrar el 25º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Beijing en 1995. Sin embargo, nadie parecía estar celebrando nada.
Los funcionarios de las Naciones Unidas y los gobiernos lamentaron que la mayor parte de la conferencia anual se pospusiera o cancelara y, mediante eufemismos e indirectas, se quejaron por la «resistencia» contra el «derecho» internacional al aborto por parte de la administración Trump y otros gobiernos de todo el mundo.
«El acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva está lejos de ser universal», señaló el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. «Debemos resistir contra la resistencia», subrayó, repitiendo lo que ahora se ha convertido en una de sus frases características y una crítica velada contra la administración Trump y la política exterior provida de Estados Unidos. Los gobiernos proabortistas y los responsables de las Naciones Unidas están cada vez más frustrados con esa política estadounidense que ha ayudado a otros países a expresar su oposición al aborto en los debates de la ONU.
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer aprobó finalmente una declaración política que no incluía las expresiones clave favorables al aborto. Al igual que en la declaración política anterior más reciente de la Comisión, aprobada en 2015, se logró excluir el término «salud sexual y reproductiva», que introduce el aborto de forma encubierta en las declaraciones y medidas de las Naciones Unidas. Este año, sin embargo, algunos gobiernos se mostraron especialmente críticos porque estas palabras clave no fueran incluidas. Entre las naciones descontentas por el retroceso del llamado «derecho» al aborto se encuentran los países nórdicos, todos los Estados miembros y aspirantes a miembros de la Unión Europea, quince países hispanoamericanos conocidos como el Grupo de Santiago y Sudáfrica.
