(La Razón/InfoCatólica) El Gobierno social-comunista de Sánchez adelantó una nueva medida en su campaña ideológica y de hostigamiento. El martes comenzaba la tramitación de la ley de eutanasia, después trascendió la venganza contra los benedictinos del Valle de los Caídos, quizá como primer paso para eliminar la gran cruz que ya han manifestado que es lo que les molesta.
Ahora toca el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles a la Iglesia del que está exento en estos momentos, como lo están otras entidades e instituciones como los partidos políticos o los sindicatos.
Los comunistas de Podemos ha hecho bandera de este asunto desde prácticamente su fundación y, desde dentro del Gobierno, están dispuestos a lograr una victoria política que, hasta el momento, el PSOE no se ha dignado a conceder.
La vicepresidente manifiesta que las relaciones con la Santa Sede son «excelentes»
La vicepresidente primera del Gobierno, Carmen Calvo, celebró ayer la primera comparecencia en el Congreso en esta nueva legislatura, que hizo a petición propia y de cuatro grupos parlamentarios. La vicepresidenta ha dado cuenta también de la reunión que mantuvo hace un mes con el nuevo nuncio del Vaticano, insistiendo en que las relaciones del Ejecutivo con la Santa Sede son «excelentes». Según explicó, considera necesario revisar el régimen fiscal del que goza la Iglesia porque es importante para contribuir a los recursos públicos y del mismo modo también cree importante ordenar los bienes inmatriculados de la Iglesia, cuyo listado están terminando y con lo que –dijo– la Iglesia está conforme, informa Efe. «Este Gobierno no va a requerir de otra cosa que lo previsto en nuestros acuerdos y se hace en otros países», subrayó la vicepresidenta primera.
Ni privilegios, ni discriminación
Sin embargo, la postura de la Iglesia es clara en este punto: el IBI es un impuesto municipal del que están exentos por la Ley de Mecenazgo de 2002, todas las organizaciones a las que se reconoce un servicio a la sociedad. Están exentos de pagar IBI todas las confesiones religiosas, todos los partidos y sindicatos, las embajadas y fundaciones, etc. Por tanto es pertinente hacerle la siguiente pregunta: ¿va a tener que pagar el IBI un comedor social de Cáritas? ¿Deberán pagar a partir de ahora los pisos en los que se acoge a migrantes o a mujeres maltratadas? ¿Va a tener que pagar la Iglesia por locales de los que está exenta, por ejemplo, la UGT? Ese IBI no se paga en aquellos edificios en los que no se hace actividad económica (templos, casas parroquiales, ermitas, comedores sociales, asilos) y en este sentido la Conferencia Episcopal ha repetido en múltiples ocasiones que «la Iglesia no quiere privilegio en el pago del IBI pero tampoco discriminaciones».
Ya la pasada legislatura la ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que la intención del Gobierno de hacer pagar a la Iglesia el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) se refiere solo a las propiedades que no están puestas a disposición de la sociedad para culto o actividades sociales. «De lo que se trata es que, por supuesto, los lugares de culto o en los que se desarrolla una acción social tengan las mismas exenciones, pero que en otras pertenencias de la Iglesia que no están desarrollando esta tarea hay que replantearse esa contribución que va a los ayuntamientos», afirmó Montero. Lo que el Gobierno plantea ahora es sentarse con la Iglesia para repasar el uso que se le da al patrimonio eclesiástico y ver los inmuebles concretos para los que habría que revisar la exención del IBI municipal.
«No estamos hablando de cuestiones muy importantes porque lo fundamental que la Iglesia tiene lo pone a disposición del conjunto de la sociedad para comedores sociales, culto, reuniones. Toda esa tarea hay que tratarla como al resto de ONG y, por tanto, solo son cuestiones muy singulares», añadió.