(Agencias/InfoCatólica) La prometida agenda de odio y muerte sigue sus pasos. Si ayer martes fue aceptada en el Congreso la ley de eutanasia, las consecuencias de la Ley de memoria histórica sigue concretándose. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene intención de expulsar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos por decreto. Según informa este martes el diario ultraizquierdista eldiario.es, esta será una de las medidas que pondrá en marcha el Ejecutivo mediante la reforma de la Ley de Memoria Histórica, que esperan llevar al Congreso de los Diputados en el mes de marzo.
Los benedictinos, la orden encargada de regentar el Valle de los Caídos desde el año 1957 gracias a un decreto de Francisco Franco, mostraron su oposición a la exhumación del fallecido Jefe del Estado ya que no había acuerdo con la familia y había que pedir autorización para entrar en la Basílica. La actuación del gobierno y la profanación de la Basílica han sido recurridas por los benedictinos ante el silencio público de los obispos en España. Este posicionamiento fue clave para que, según el citado diario, el Ejecutivo reafirmase su voluntad de apartarles de la gestión del Valle de los Caídos.
Para ello, el Gobierno impulsará la derogación de los decretos que hasta el momento han establecido el estatus del lugar, incluido el de 1940 que ordenaba su construcción. A través de un real decreto, Sánchez quiere impulsar un nuevo «marco jurídico» para Cuelgamuros y establecer una nueva «junta directiva».
Una nueva orden
Las citadas fuentes aseguran que Moncloa no va a desacralizar el lugar, de momento. Se especula que quieren llegar a un acuerdo con el Arzobispado de Madrid, para que una nueva orden religiosa rija el Valle de los Caídos, aunque la abadía no depende del Arzobispado, que en ningún momento se ha pronunciado públicamente sobre la profanación del templo.
El Gobierno también aprovechará la reforma de la ley de memoria histórica para eliminar los títulos nobiliarios creados durante la dictadura de Franco.
Además la proposición del gobierno, establece que en el plazo de un año se modificará la ley orgánica de derecho de asociación, que permitirá declarar ilegales las fundaciones y asociaciones que exalten el gobierno de España durante la jefatura del General Francisco Franco.