(EP/InfoCatolica) Según afirmó, en este punto los miembros del Consejo han obtenido un "consenso básico", porque salvo en cuestiones formales, progresistas y conservadores han coincidido en que los padres de una menor en esta situación "no se pueden quedar al margen", independientemente del hecho de que ella, con esa edad, pueda decidir libremente interrumpir su embarazo, como en el resto de supuestos que contempla la Ley de Autonomía del Paciente.
"Este es un acuerdo sustancial, aunque la formula técnica ha variado", entre quienes proponían imponer la información a los padres y quienes optaban por una fórmula más parecida a una recomendación, apuntó García-Panasco, para señalar que, no obstante, "todos" los vocales se encuentran en "una línea evidente: no parece lógico que los padres de la menor queden al margen de ese periodo de toma de decisiones".
Este consenso no se obtuvo sin embargo en otra de las grandes cuestiones que plantea el proyecto de ley: el aborto libre durante las primeras 14 semanas de gestación. El informe respaldado por seis de los once vocales que actualmente conforman el Consejo cuestiona la constitucionalidad de este precepto y su compatibilidad con la jurisprudencia dictada por el Alto Tribunal.
Según explicó García-Panasco, "esta es la diferencia fundamental" entre las posiciones de conservadores y progresistas, pues los primeros, que ganaron la votación, defienden que "podría ser inconstitucional permitir este sistema de plazos sin que concurra ninguna otra causa" que motive la interrupción del embarazo.
En este sentido, apuntó que siguiendo la doctrina del Constitucional, este precepto no sería viable porque "con una ley de plazos no se produce ninguna colisión de derechos" entre la madre y el hijo, ya que "la mera decisión de una persona implica directamente que se puede hacer la interrupción del embarazo y por tanto, ese valor queda automáticamente desprotegido".
"Si esta ley se aprueba conforme se ha redactado y luego llega al Tribunal Constitucional, y establece doctrina en otro sentido, por nosotros perfecto (...), las concepciones jurídicas también cambian. Pero mientras esté vigente la actual doctrina del Constitucional, no parece compatible", señaló el representante de la Asociación de Fiscales.
No habrá dos informes
Por otra parte, García-Panasco denunció que la Fiscalía General del Estado ha "llevado a error deliberadamente" en torno a lo sucedido durante el Consejo Fiscal, ya que ha difundido una información que asegura que serán dos y no uno los informes que se eleven mañana al Ministerio de Justicia, algo que según el representante de la AF, iría "en contra de los propios estatutos del Ministerio Fiscal".
"El Consejo Fiscal es un órgano colegial y por tanto las decisiones se toman por mayoría", señaló García-Panasco, para incidir en que en este caso, la mayoría ha sido de seis votos a favor y cinco en contra.
Por ello, incidió en que se enviará un informe al Gobierno firmado por el Consejo Fiscal, que llevará aparte los votos particulares de quienes se pronunciaron en contra del dictamen, en este caso, el Fiscal General del Estado, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y los vocales elegidos por la Unión Progresista de Fiscales.
Según explicó, hasta el fallecimiento repentino y reciente del Fiscal Instructor, el Consejo Fiscal estaba compuesto por 12 vocales y, en caso de empate, el Fiscal General inclinaba la balanza con su voto de calidad. Al no haberse cubierto aún la vacante, el reparto de mayorías es distinto.
