(Efe/InfoCatólica) La ley de Alabama, aprobada el pasado mayo, es la más restrictiva de la ola de vetos legislativos contra el aborto que han impulsado los republicanos en varios estados del medio oeste y el sur de EEUU, con el objetivo expreso de forzar al Supremo a replantearse la sentencia Roe v Wade que legalizó el aborto en todos los Estados Unidos en el año 1973.
La decisión anunciada este martes por el juez Myron Thompson impedirá que la ley entre en vigor mientras se sustancia el fondo de la demanda contra el estado de Alabama por parte de la multinacional abortistaPlanned Parenthood y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).
«El tribunal cree que es probable que los demandantes salgan victoriosos a la hora de mostrar que la ley viola el derecho constitucional de una persona a abortar», escribió Thompson en su disposición.
La ley de Alabama prohibiría los abortos en cualquier fase del embarazo e impondría penas que van desde 10 años de prisión a la cadena perpetua a los médicos que los practiquen. Solo contemplaba una excepción para los casos en los que el embarazo represente un serio riesgo para la salud de la mujer, pero no para los supuestos de violación o incesto.
La decisión del juez Thompson no ha supuesto una sorpresa para nadie. Los republicanos tienen intención de que la Corte Suprema acabe abordando la cuestión del aborto y por ello están aprobando leyes antiabortistas que, aunque son suspendidas por tribunales federales, antes o después llegarán al Alto Tribunal. La actual composición del Supremo podría suponer un vuelco a favor del derecho a nacer. Y la situación cambiaría radicalmente si alguno de los magistrados progresistas más ancianos fallecen o se retiran mientras Donald Trump sigue siendo presidente de los EE.UU.
Si Trump eligiera un nuevo magistrado provida para la Corte Suprema y el candidato pasa la criba del Senado, las leyes antiabortistas podrían ser una realidad en muchos estados de la Unión.
