(CNA) El gobierno chino está recolectando órganos de minorías religiosas y étnicas, dijo una organización de derechos humanos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra el martes.
El Tribunal de China, que se llama a sí mismo un «tribunal popular internacional independiente» que investiga las denuncias de sustracción de órganos en el país, está dirigido por Sir Geoffrey Nice QC. El tribunal dijo que encontraron evidencia de que en China continúan recolectando órganos de prisioneros políticos y religiosos, a pesar de decir que detuvieron la práctica hace 4 años.
«La sustracción forzada de órganos a presos de conciencia, incluidas las minorías religiosas de Falun Gong y los uigures, se ha cometido durante años en toda China, en escala significativa, y eso continúa hoy», dijo Hamid Sabi, abogado del Tribunal de China, hablando en la reunión de la ONU.
El tribunal estimó que «cientos de miles» de personas han sido utilizadas para extraer órganos, incluidos corazones. Esto constituye crímenes de lesa humanidad, dijo Sabi, y es equivalente al genocidio.
«Víctima por víctima y muerte por muerte, cortar los corazones y otros órganos de personas vivas, inocentes, inofensivas y pacíficas constituye una de las peores atrocidades masivas de este siglo», agregó.
Aunque la donación y el trasplante de órganos es «un triunfo científico y social», Sadi dijo que la práctica en China de matar al donante es un delito.
«Es la obligación legal de los Estados miembros de la ONU y el deber de este consejo abordar esta conducta criminal», dijo.
El gobierno en China admitió en el pasado, que tomaba regularmente los órganos de los presos en el corredor de la muerte y los usaba en trasplantes, pero dijo que dejaron de hacerlo en enero de 2015. Según el Tribunal de China, es poco probable que sea cierto. El tribunal dice que ha habido una «explosión» de trasplantes en China en las últimas 2 décadas, así como un aumento de «turistas en busca de trasplantes» que viajan a China para comprar un órgano.
Estos números «sugieren una mayor cantidad de órganos que podrían obtenerse solo de delincuentes ejecutados», dice el sitio web del Tribunal de China. Estos datos, junto con los informes de los presos, llevan al Tribunal a concluir que los «presos de conciencia», que han sido detenidos sin otra razón que su fe o grupo étnico, están siendo asesinados para suministrar órganos para la industria del tráfico de órganos del país.
Entre los grupos detenidos en masa en China se incluyen musulmanes uigures, tibetanos, practicantes de Falun Gong y personas que tienen «iglesias en sus casas» subterráneas que no son reconocidas por el gobierno.
El martes, el subsecretario de Estado John Sullivan habló en la Asamblea General de la ONU y exigió una investigación sobre los presuntos abusos contra los derechos humanos en la provincia de Xinjiang. Xinjiang alberga a la mayoría de la población uigur del país.
«La ONU debe buscar el acceso inmediato sin obstáculos y sin supervisión a Xinjiang para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos», dijo Sullivan. «Las Naciones Unidas, incluidos sus estados miembros, tienen la responsabilidad de defender los derechos humanos de las personas en todas partes, incluidos los musulmanes en Xinjiang».
Sullivan agregó que es imperativo que la ONU trabaje para continuar monitoreando a China por los abusos de los derechos humanos, especialmente «la represión de la libertad y las creencias religiosas».
Se estima que 1.000.000 de uigures, miembros de un grupo etno religioso musulmán, han sido detenidos en campos de reeducación en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, una región en el noroeste de China que es aproximadamente del tamaño de Irán.
Según los informes, dentro de los campos son sometidos a trabajos forzados, torturas y adoctrinamiento político. Fuera de los campamentos, los uigures son monitoreados por fuerzas policiales y por tecnología de reconocimiento facial.
El gobierno chino ha dicho que los informes sobre los campos del gobierno y los medios occidentales son infundados, alegando que son centros de formación profesional y que están combatiendo el extremismo.