(Asia News) En una carta enviada a CBCPNews -la agencia de prensa de la Conferencia Episcopal Filipina- Mons. Santos afirma que «el caso aún está siendo abordado en el tribunal. Sin embargo, no estoy preocupado. Muchos me han manifestado un gran apoyo, sobre todo, el Señor, que es mi protector».
Para el obispo, el caso no es otra cosa que «una bendición. Al parecer lo que me sucedió ha generado una reacción a nivel nacional contra los abusos de poder de parte de la policía. Incluso ha dado lugar a movilizaciones y ha alentado a muchas comunidades y grupos de acción aquí, en Alotau, a luchar por sus derechos, dentro del marco de la ley y sin recurrir a la violencia».
El proceso judicial se inició el 1 de septiembre pasado, cuando Mons. Santos denunció que los agentes de las Task Force Mobile Squad habían incendiado 19 viviendas en el complejo residencial de Daga. El obispo publicó en las redes las imágenes de video que muestran lo sucedido; la filmación enseguida se viralizó. El prelado afirma que los policías estaban ebrios cuando quemaron las casas; una de ellas era la del secretario diocesano de Educación, Gregory Nimagale.
Es la segunda vez que los agentes de la brigada móvil quemaban casas en Alotau, según cuenta el prelado. El primer episodio tuvo lugar en New Kitava, en diciembre del año pasado. «Los ciudadanos todavía siguen sin techo», cuenta el obispo.
El 4 de septiembre, Mons. Santos y Nimagale fueron arrestados y luego fueron puestos en libertad condicional. Un parlamentario de Alotau visitó a las víctimas del incendio y prometió reconstruir sus casas. Charles Abel incluso se excusó públicamente, y dijo que tomará medidas para el recambio de la cúpula de las fuerzas del orden. Además, el político informó al prelado que ha solicitado a la policía que retire las acusaciones que pesan su persona.
