(C-Fam/InfoCatolica) Con una votación de 45 a 0 y sólo siete abstenciones sobre el párrafo operativo principal, el Parlamento mantuvo las sanciones penales para el aborto, excepto en casos en el que constituye la «única vía» para evitar la muerte de la madre, de acuerdo con lo certificado por tres médicos independientes. En un párrafo preambular se establece que la vida “desde el momento de la concepción” tiene derecho a ser protegida. Quienes practiquen un aborto, recibirán una pena de hasta ocho años de prisión, dependiendo de las circunstancias. La ley también reconoce el derecho de conciencia para los médicos que se rehúsen a realizar abortos.
Fueron rechazados los intentos de ampliar las excepciones e incluir los casos de anormalidad fetal y embarazo por violación. Además, una ley en favor del aborto que contemplaba numerosas excepciones en aquellos casos en los que la salud mental o física de la madre se veía afectada, que había sido adoptada a comienzos de abril por la rama ejecutiva del Consejo de Ministros, quedó invalidada la semana pasada, a raíz de este proceder legislativo.
Tras el cese de la ocupación indonesa en 1999, Timor Oriental fue administrada por las Naciones Unidas hasta que logró su independencia. El código penal preexistente, heredado de Indonesia, prohibía el aborto en todos los casos.
Timor Oriental ha estado en el blanco del movimiento pro-abortista internacional. La Fundación Alola, una ONG respaldada por el Fondo de Población de la ONU y presidida por la Primera Dama timorense, quien es de origen australiano, intervinieron repetidas veces en el debate local, para conseguir la despenalización del aborto.
Por el contrario, se dice que las ONG de base con miembros nacionales, como la Organização das Mulheres Timorenses, cuya autenticidad se estableció durante el período de resistencia a la dominación indonesa, se oponen a la despenalización, lo cual refleja el sentir de los timorenses.
Una ONG internacional sustentada por el gobierno australiano y por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Judicial System Monitoring Programme (JSMP), reclamó que “los tratados internacionales de derecho apoyan específicamente el derecho que las mujeres tienen de acceder a métodos abortivos seguros”, incluso en casos de embarazo por violación o incesto, o en los que el feto es anormal. Haciendo eco de los argumentos presentados en otra oportunidad por el Centro de Derechos Reproductivos con base en Nueva York, el JSMP hizo referencia a tratados como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en inglés, CEDAW) y la Convención sobre los derechos del Niño. No obstante, estas afirmaciones no tienen sustento dentro en el marco de lo establecido por estos tratados, ni por ningún otro que haya sido firmado por Timor Oriental.
El ex embajador de los Estados Unidos en ese país, Grover Joseph Rees, dijo a Friday Fax que “reclamar que el acceso al aborto es un derecho humano internacionalmente reconocido” es “escandaloso”, y, a la vez, elogió a los timorenses por “mantenerse fieles a los mejores valores y tradiciones de Timor –en este caso, al principio de respeto por toda vida humana, inclusive la vida de los niños en gestación”.
Timor Oriental comparecerá ante el comité encargado de supervisar el cumplimiento de la CEDAW el próximo mes, y ya ha presentado un informe que responde a los cuestionamientos sobre su legislación a favor de la vida. Se anticipó que el comité de la CEDAW presionará al país a causa de la recientemente aprobada legislación.
