(ZENIT) La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana ha expresado recientemente que el diálogo es el mejor medio para alcanzar y garantizar la paz social, a raíz del conflicto social que ha generado la aprobación de la licencia de construcción de la mina de cobre «Tía María» en una zona agrícola del sur del país a la empresa Southern Peru Copper Corporation, del Grupo México.
Mons. Miguel Cabrejos, presidente del episcopado peruano, manifiesta que «así como el intercambio honesto y transparente de posiciones colabora con solucionar conflictos, pensamos que la responsabilidad de los actores permitirá darles una salida pacífica a situaciones como la de Tía María, en Arequipa, la del derrame de petróleo en Datem del Marañón, en Loreto, entre otros».
Así, los prelados han declarado:
- Las empresas tienen la responsabilidad de buscar el crecimiento económico sostenible en armonía con la equidad social, especialmente con comunidades originarias y el cuidado del medio ambiente; del mismo modo, deben absolver cualquier tipo de dudas y temores en torno a sus actividades extractivas, y colaborar en el establecimiento de canales de diálogo, con transparencia y honestidad. La lógica de la rentabilidad no puede oponerse a su responsabilidad para con la vida digna de las poblaciones de influencia directa o indirecta de sus proyectos y el medio ambiente.
- Los gobiernos regionales y locales deben tener vocación al diálogo. Están llamados a tutelar el ambiente de sus comunidades y a trabajar arduamente por el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. Los primeros llamados a trabajar en esta tarea son ellos, más allá de cualquier acción de responsabilidad social por parte de las empresas privadas.
- Al gobierno nacional le cabe promover el desarrollo integral, institucionalizar las mesas de diálogo y velar por el cumplimiento de todos los acuerdos, dentro de un diálogo equitativo y bien informado, garantizando la compatibilidad de la actividad empresarial con la sostenibilidad social y ambiental.
Esto pasa por crear mecanismos de vigilancia y supervisión en los que participen el mismo Estado y las comunidades afectadas. La construcción de confianza está estrechamente vinculada a la verdad, a la fiabilidad mutua y al rol que cumpla un Estado neutral y garante de derechos.
- El compromiso de las comunidades es participar y opinar con responsabilidad y libertad, teniendo en cuenta no solo el bien propio sino el bien común de la región y del país. Al mismo tiempo que poseen el legítimo derecho a la protesta, dentro del marco legal deben asegurar que sus manifestaciones sean pacíficas, sin alterar el orden público, y sin obstaculizar el normal funcionamiento de la vida social en la región. Es su responsabilidad mantenerse abiertas a un diálogo sin posiciones extremas, evitando conflictos y facilitando el desarrollo integral.
El bien común y el desarrollo sostenible son frutos de la responsabilidad de todos los actores sociales y en definitiva de todos los peruanos, como nos invita la Sagrada Escritura, que «tengan vida y vida en abundancia» (Juan 10,10).
