(Gaudium Press) En comunicación de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela, se ha condenado «con indignación, el sometimiento, la vejación y el dolor causado a nuestros hermanos, el Capitán Rafael Acosta Arévalo, muerto por causa de las torturas de sus captores y el joven Rufo Chacón Parada, desfigurado y ciego por las fuerzas policiales mientras manifestaba por la falta de gas doméstico».
Rufo Chacón, de 16 años, había ido a manifestarse por la falta de gas en Táriba, estado de Táchira. Después de que una autoridad local dijese que no podían atender al reclamo, llegaron miembros de la Policía Nacional Bolivariana, que brutalmente reprimieron la manifestación ocasionando la ceguera del joven. Por su parte el Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo fue secuestrado el pasado 22 de junio y luego torturado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar - DGCIM. Muerto el sábado pasado, la autopsia reveló «edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debido a rabdomiólisis por politraumatismo generalizado».
«No consentiremos la manipulación, el disimulo y la atenuación de estos graves hechos. Es nuestro compromiso como Iglesia, que ve en el rostro sufriente de los familiares y de las víctimas el dolor de nuestro Señor Jesucristo», dice el comunicado del episcopado.
Asimismo la Comisión Justicia y Paz denunció que la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes y los excesos policiales «son prácticas instaladas en los órganos militares y policiales y están ocurriendo permanentemente, como un secreto a voces que nos clama en la conciencia».
Sobre el caso del muchacho Rufo Chacón, manifiesta el episcopado que «la desproporción en el uso de la fuerza vuelve a dejar secuelas imborrables en esta familia: un joven bachiller ahora ciego, desfigurado y sin ganas de vivir, una madre traumatizada a quien, además de los derechos básicos para la vida, se les niega el de manifestar», al tiempo que exige que la investigación sobre el particular siga los estándares internacionales sobre casos de tortura.
La Comisión Justicia y Paz insta a la ONU a exigir del Estado venezolano el cese de estos patrones de violación de derechos humanos en el país.
