(Fides) Según las autoridades, los detenidos no son presos políticos, sino detenidos por otros delitos comunes.
Desafortunadamente, la tensión en el país no ha disminuido, al contrario, ha crecido después de los acontecimientos de la última semana: el asedio de iglesias por parte de grupos paramilitares violentos que han atacado y detenido a muchos católicos en León, Masaya y Managua.
Esta situación de nueva violencia y provocación no fue oficialmente comentada por la Conferencia Episcopal (CEN), sin embargo, algunos obispos han informado de los hechos, incluso a organismos internacionales. Según fuentes de Fides, la «falta de respuesta» de la CEN es «una forma de prudencia ante un conflicto que ahora afecta a todos los sectores del país». La Iglesia católica siempre propone el diálogo, pero siempre estará al lado de las víctimas de la injusticia.
Mons. Rolando Álvarez, en un breve mensaje de twitter a Fides, escribió ayer: «Es hora de la unidad, es hora de que la unidad busque la democracia en Nicaragua. Es el momento en que los trabajadores, campesinos y empleados deben sentarse en la misma mesa, incluso a partir de las diferencias. El pueblo es el verdadero constructor de su historia. Este pueblo tiene un rostro, un nombre, una identidad, una dignidad. Los tiempos en que otros han decidido por nosotros ya han pasado. El cuerpo y la sangre de Cristo nos ayudan en esta tarea titánica, pero posible».
Hernán Salinas, vicepresidente de la Comisión de Nicaragua de la OEA, dijo que la situación en Nicaragua es uno de los temas de la agenda de la 49ª Asamblea General de la OEA, que se celebrará en Medellín, Colombia, del 26 al 28 de junio.
El miércoles 19 de junio, Human Rights Watch (HRW) hizo un llamado a los gobiernos de América y de Europa para que impongan sanciones al presidente nicaragüense Daniel Ortega y a al menos cinco altos funcionarios de seguridad por la represión de las protestas que comenzaron en abril de 2018. «Daniel Ortega no ha mostrado ningún compromiso real para asegurar justicia para las víctimas de la brutal represión de la policía nacional y los matones armados durante las protestas de 2018», dijo José Miguel Vivanco, director de las Américas de HRW.
Las protestas contra las reformas de la seguridad social comenzaron el año pasado y han crecido más y más para exigir la salida de Ortega y la celebración de elecciones anticipadas. Las manifestaciones fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad y las milicias progubernamentales, con el resultado de que al menos 325 personas resultaron muertas, más de 2.000 heridas y más de 52.000 personas huyeron del país según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
