(El País/InfoCatólica) La titular del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona ha admitido a trámite la querella del ex-sacerdote, ha citado a Omella y ha ordenado una comisión rogatoria a la Ciudad del Vaticano para que envíe «copia del expediente seguido» contra Barco y que culminó con su expulsión del sacerdocio.
Barco no puede ejercer el sacerdocio desde que la Congregación para el Clero le dimitió del «estado clerical» a finales de 2017. En una carta, el dicasterio vaticano haber «recibido acusaciones» sobre la inobservancia del celibato, lo que llevó a Barco a la «concepción y posterior nacimiento de prole». «Estimo que va a ser muy difícil que vuelva a ejercer el ministerio sacerdotal», le advierte en la carta el arzobispo Joël Mercier, secretario de la Congregación para el Clero, y le anima a «pedir voluntariamente al santo Padre la dispensa de sus obligaciones». Esa renuncia, agrega, sería «el camino más adecuado para usted y para la Iglesia».
El sacerdote niega los hechos, que se remontan a 2006, cuando ejercía en su diócesis, Alcalá de Henares (Madrid). Dice que asesoró a la mujer, madre soltera, y que eso generó suspicacias en los familiares. Barco señala que la decisión le ha provocado perjuicios económicos –ha dejado de percibir su sueldo de la Iglesia–, y morales. Y se niega a acatar la orden (la Iglesia le considera «en rebeldía») porque «lo injusto no obliga en conciencia», repite parafraseando a Santo Tomás.
En su pugna con el Vaticano, Barco apunta al cardenal Omella, que le entregó en persona la carta de la Congregación. Dice que el arzobispo «se negó» a darle una copia de las acusaciones y que, por «delicadeza y respeto», se limitó a leerle unos párrafos, lo que le ha generado «indefensión». El cura dice además que las acusaciones están basadas en tres testigos dudosos. El cardenal declarará por un delito de falsedad en documento privado porque «no envió a Roma el escrito de defensa» con un acta notarial de la madre de la criatura y una prueba de paternidad. Dos documentos que, según Barco, demuestran que él no es el padre. «Ocultó los documentos a sabiendas y con temerario desprecio a la verdad», señala la querella, cuya veracidad deberá examinar la juez.
Al margen del encaje legal de esa conducta, la querella va más allá y acusa a Omella de ser, en realidad, «el autor de las falsas acusaciones» pese a que no tenía competencia para ello. Barco argumenta que la Congregación para el Clero solo investiga a instancias del obispo de turno. Y señala que ni la diócesis de Alcalá ni el arzobispado de Zaragoza –donde trabajó como cura de la localidad de Épila entre 2007 y 2015– promovieron cargos contra él. En una carta, la Archidiócesis de Barcelona respondió que no tuvo «competencia alguna en el caso» y que se limitó a «comunicar la decisión por expreso mandato» del Vaticano.
Caso Ureña
Barco sospecha que detrás de su caso está una pugna por el poder en la iglesia a raíz de otro escándalo en el que se vio involucrado en otoño de 2014: el presunto acoso sexual a un diácono de 27 años con el que convivía. El cura también niega esos hechos. El caso acabó provocando la salida del entonces arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña,. Pese a que no dio credibilidad a las acusaciones, Ureña acabó pagando 60.000 euros al diácono.
Las noticias llegaron a Roma, que forzó la salida del arzobispo. En esos contactos intervino Omella, entonces obispo de Logroño-Calahorra. El Periódico de Aragón publicó unos whatsapps en los que Omella anima a las personas que estaban preparando el informe sobre Ureña para el papa Francisco:
«Ya sé que no paráis en la recogida de datos. Ánimo. Va todo, por lo que veo, por buen camino. Seguid así. Ojalá logremos sanearlo todo. Un abrazo».
Consultado sobre el caso, el Arzobispado de Barcelona dice que no se pronuncia sobre una materia bajo investigación judicial y añade que colaborará con la justicia.
