(RELIGIÓN Confidencial) La alcaldesa socialista del municipio castellonense está investigada tras 2 querellas por prevaricación e incitación a la discriminación, por llevar a cabo el 6 de junio de 2018 el derribo de una cruz en la plaza de la Paz de Vall d´Uxó (Castellón), a pesar de las 13.000 firmas de vecinos que pedían que no se llevara a cabo, en una ciudad que cuenta con 31.000 habitantes.
Baños tendrá que declarar ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules por el derribo de la cruz, alegando la ley de Memoria Histórica, pese a que – social, política y jurídicamente -, se argumentó que era un símbolo de paz, reconocido por todos los partidos como tal en 1979 siendo el alcalde de la ciudad un comunista, aunque se había erigido como Cruz de los Caídos en tiempos del franquismo.
La alcaldesa recurrió contra la admisión de la querella, pero el juzgado ha desestimado el recurso de la primera edil, y tendrá que declarar como investigada el próximo 25 de julio, acusada de los delitos de prevaricación e incitación a la discriminación. En la querella se pide la reposición de la cruz, el abono de los costes derivados de su derribo, posterior reconstrucción a los responsables del derribo e inhabilitación de Baños para cargo público.
El derribo se llevó a cabo en medio de una gran polémica, constituyéndose la Plataforma Salvemos la Cruz. Para el derribo, se acordonó y valló la zona, hubo agentes antidisturbios, Guardia Civil y Policía Local.
Se da la circunstancia de que la alcaldesa socialista, tras los resultados del pasado 26 de mayo, volverá a serlo, y con mayor número de concejales: en 2015 obtuvo 6, y en 2019 ha obtenido 9. La mayoría absoluta requiere 11 actas, que obtendrá de sus socios de izquierdas, Esquerra Unida del País Valenciá (3) y Compromís (1).
Paralizado el derribo de otra cruz en Castellón
El posible derribo de otra cruz en la provincia de Castellón, en este caso en la propia capital, en el parque Ribalta, se ha suspendido, a consecuencia del informe del secretario del ayuntamiento fechado el 24 de mayo pasado, 2 días antes de las elecciones municipales, y que se ha conocido después de las elecciones.
El secretario del ayuntamiento advierte de posible imputación si se procede al derribo de la cruz, como advirtió el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón el pasado 26 de marzo, pese a que ya había partida presupuestaria de 80.000 euros para llevar a cabo el derribo, y puesto que ya está recurrido también.
«El principio de prudencia obliga al funcionario que suscribe advertir que procede la suspensión» (del derribo de la cruz del parque Ribalta), y en el ayuntamiento de Castellón han aceptado ese informe.
En el grupo socialista del consistorio había malestar por el empeño de su socio de gobierno, Compromís, por llevar a cabo el derribo, como informó este digital el pasado 14 de diciembre de 2018, y trasladó a la concejalía de Cultura – en manos de Compromís – la responsabilidad de la ejecución de ese también polémico derribo.
La alcaldesa socialista de Castellón, Amparo Marco, no era partidaria del derribo, y como antecedente judicial le pesó la imputación de la alcaldesa socialista de Vall d´Uxó por un motivo similar. «Ahora se aferra al informe del secretario del ayuntamiento, hará todo lo posible por evitar el derribo, que tan polémico resulta en la ciudad», informan a RC fuentes próximas al proceso.
Posible pacto municipal PSPV-Ciudadanos
Amparo Marco ha obtenido en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo mejores resultados que en 2015, y volverá a ser alcaldesa. Pero hay un dato que puede resultar políticamente decisivo: con sus 10 concejalías puede reeditar el tripartito de izquierdas – con Compromís y la marca local de Podemos, merced al denominado Pacto del Grao – para lograr la mayoría absoluta de 14 actas, o bien puede pactar con Ciudadanos, que ha obtenido 4 actas.
Según han expresado a este digital desde Compromís, «tenemos claro que, si los socialistas pactan con Ciudadanos, no se llevará a cabo el derribo de la cruz del Ribalta, con independencia de que los tribunales pudieran admitirlo».
