(Heraldo de Aragón) Así lo puso de manifiesto el jueves, en la primera sesión de la vista oral celebrado en el juzgado número 1 de Barbastro por la demanda que interpuso esta diócesis para intentar recuperar definitivamente los bienes tras casi 25 años de litigios.
El obispado catalán basa su pretensión en los mensajes intercambiados entre las parroquias y el prelado Josep Messeguer cuando en su mandato, de 1889 a 1905, sacó de las iglesias aragonesas, entonces bajo su jurisdicción, tallas, vestimentas, óleos y retablos de interés histórico-artístico para llevarlos a Lérida. Los peritos aragoneses y catalanes discreparon sobre si eran compras, transacciones o limosnas, pero no se pudo acreditar la existencia de contratos de compra-venta, prohibidos además entre un párroco y su obispo. Según el historiador Antonio Naval, curiosamente la treintena de obras en las que sí se reconoce la propiedad son las menos valiosas.
La vista oral arrancó con el interrogatorio del demandado, el obispo de Lérida. Defendido por el letrado Javier Gonzalo, Salvador Giménez dejó claro que hacía borrón y cuenta nueva, quedando al margen las sentencias vaticanas, que no le han sido favorables, para «empezar de cero» con este juicio civil. «No he devuelto las obras porque me lo impedía el consorcio del Museo», señaló, institución contra la que también se dirige la demanda.
Cartas y dietarios
¿Y por qué ahora alegan que son dueños de 83?, le preguntaron el abogado del obispado Barbastro-Monzón, Joaquín Guerrero, y el del Gobierno de Aragón, Alberto Gimeno, cuando siempre han manifestado que las querían devolver y las administraciones catalanas no les dejaban. «Porque hay una documentación que no se tuvo en cuenta o que no se leyó (en el proceso canónico) y hemos pensado que es bueno sacarla en este momento», contestó, en referencia a las cartas intercambiadas entre las parroquias y el obispo Messeguer y los apuntes en sus dietarios. «Él no hizo otra cosa que guardar las obras, y hablar de él como un expoliador o un ladrón me ofendía», declaró Salvador Giménez.
Su homólogo de Barbastro, Mons. Ángel Pérez, el segundo en declarar, en su calidad de demandante, culpó a las instituciones civiles catalanas. «La cerrazón ha sido por parte del consorcio, no de mis hermanos obispos, que han reconocido y aceptado la propiedad», dijo, aunque se mostró sorprendido por los nuevos argumentos. «Hasta antes de ayer nunca han dicho que 83 eran de Lérida. Y si dicen que el resto son nuestras, por qué no nos las han devuelto. ¿Qué son 111 obras para Cataluña, que tiene tantísimas?», se preguntó. Pérez dio explicaciones sobre las numerosas reuniones y cartas en las que sus homólogos han reconocido la propiedad a lo largo de las dos últimas décadas, justificando que era el consorcio el que no permitía dar cumplimiento a las disposiciones de la Santa Sede. Explicó que Aragón ha invertido 11,7 millones de euros en construir el Museo de Barbastro para albergar los bienes, y negó que el de Lérida alguna vez le haya pasado alguna liquidación de los gastos de conservación, que ahora parece que quiere cobrar. El representante legal del Museo, Jordi Vives, le interrogó sobre la relación de la diócesis y las parroquias y si eran entes independientes.
Los letrados aragoneses intentaron concretar si existía algún documento de compra, pero ni los testigos ni los peritos aportados por la otra parte pudieron afirmarlo con rotundidad. A pesar de detallar las transacciones económicas entre parroquias y quien estaba al frente de la diócesis, a preguntas del abogado del Gobierno de Aragón, el conservador del Museo Albert Velasco dijo «no haber visto documentos de compra-venta». La misma respuesta que dio otra conservadora del centro museístico, Carmen Berlabé, quien compareció en calidad de perito y cuyas investigaciones, plasmadas en su tesis doctoral, sientan la base de la nueva estrategia catalana.
El letrado Alberto Gimeno cuestionó la imparcialidad de ambos al ser trabajadores del centro museístico, y en el caso de Albert Velasco le recordó que en su día fue muy crítico con las sentencias favorables a Aragón en el litigio de los bienes del monasterio de Sijena.
«El obispo me dijo delante del nuncio que si fuera por él esa misma tarde me entregaría las piezas»
Por la sala de vistas pasaron el jueves tres obispos. Además de Giménez y Pérez, compareció como testigo Alfonso Milián, obispo emérito de Barbastro y que dirigió la diócesis entre 2004 y 2015, los años duros del conflicto en los que se sucedieron las sentencias vaticanas favorables a Aragón. Le tocó tratar con cuatro prelados leridanos distintos y no consiguió que ninguno acatara las sentencias dictadas por la Santa Sede.
«¿Alguna vez alguien le dijo que 83 obras eran de Lérida?», le preguntó un letrado. «No hasta este juicio». Prueba de ello, alegó, son los dos acuerdos firmados en la Nunciatura, primero con su homólogo Javier Salinas y luego con Joan Piris, en 2008 y 2010. «Delante del nuncio me dijo Piris: «Alfonso, yo esta misma tarde te entregaría las piezas». Ese prelado catalán llegó a pedir por escrito la salida de las obras del museo, «pero se le negó, me explicó que no había forma», declaró Milián.
La resistencia de Lérida, recordó, la evidencian los 23 recursos presentados antes del decreto definitivo de la Signatura Apostólica de 2007. «Cuando le pedí los bienes a Ciuraneta (otro de los obispos de Lérida), su respuesta, enfadado, fue que la Iglesia no hace justicia», explicó ante el juez.
Como testigo-perito compareció Nuria Gilart, conservadora y restauradora del Museo, quien explicó que los fondos los componen 4.490 piezas. Del litigio se exponen al público nueve y el resto están «en el almacén». Y solo han sido restauradas un 35%. También dijo que en Aragón estaban «retiradas del culto, arrinconadas y en mal estado».
Por su parte el auditor de cuentas del Museo, Pedro Ruiz, desconocía si las piezas «deberían tener costes directos por su mantenimiento», en referencia a la petición sobre los gastos generados por estar en depósito.
Albert Velasco, el otro conservador, destacó la labor de Messeguer por proteger el patrimonio, cumpliendo las directrices del Papa León XIII de preservar las obras no utilizadas para el culto por su estado de deterioro, frente a peligros «como su venta a anticuarios, robos y después la Guerra Civil». Según él, algunas parroquias «con muchas necesidades económicas», recibieron 500 pesetas, que «igualaba e incluso superaba el precio de los anticuarios».
