(Comunicaciones Episcopado Chileno) Con una eucaristía presidida por el Nuncio Apostólico en Chile, Mons. Ivo Scapolo, se dio inicio el lunes 29 de abril a la 118ª asamblea plenaria de obispos.
El encuentro, que se extenderá hasta el viernes 3 de mayo, tendrá como tema central la elaboración del documento sobre identidad en el servicio en la Iglesia, comprometido en la reunión extraordinaria de agosto de 2018, referido al buen trato y prevención de abusos en ambientes eclesiales, tanto por parte de consagrados como de laicos. Para la reflexión y trabajo de este documento, se ha invitado a un grupo de laicas, laicos y consagrados procedentes de diversas diócesis del país.
Respeto al sigilo sacramental de la confesión
Sobre la posibilidad de que se modifiquen los criterios en torno al sigilo en la confesión, Ramos afirmó «para nosotros la confesión es un sacramento, un acto sagrado, mediante el cual un apersona se reconcilia con Dios, por eso es muy ón resguarda este momento como algo muy importante, y esa es nuestra posición, por fundamental resguardar las condiciones para que esto se produzca. (…)».
Convenio con la Fiscalía
El martes 30 de abril de 2019 se concretó la firma del Convenio marco de colaboración entre la Conferencia Episcopal de Chile y el Ministerio Público. En la ceremonia participaron el secretario general de la CECh, obispo Fernando Ramos, y el fiscal nacional, Jorge Abbott. Por el Consejo nacional de abusos y acompañamiento a víctima participaron su presidenta Ana María Celis y el obispo Juan Ignacio González. También se hicieron parte los representantes de las congregaciones Maristas, Salesianos y el Instituto Padres de Schoenstatt.
El convenio de colaboración tiene como principal objetivo esclarecer y mejorar el proceso de investigación en este tipo de crímenes, como también preservar la protección a las víctimas y testigos. Para ello, la Conferencia Episcopal se comprometió, una vez conocidos eventuales hechos criminales, a derivar los antecedentes al Ministerio Público a la brevedad posible, con excepción de quienes se encuentren obligados a denunciar, en un plazo máximo de 24 horas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 175 del Código Procesal Penal.
La Fiscalía, por su parte, asume la obligación constitucional de proteger a las víctimas y a los testigos dentro del proceso penal, donde además reitera su compromiso de otorgar el mayor nivel de confidencialidad, protegiendo la identidad y antecedentes de las víctimas con el fin de cuidar su intimidad, entendiendo la gravedad de estos hechos.
El documento precisa «que cualquiera de los Institutos de Vida Consagrada o Sociedades de Vida Apostólica – sea que pertenezca o no a CONFERRE –, podrá adherir al presente Convenio».
El obispo Fernando Ramos señaló que «cuando se trata de buscar la verdad y justicia en delitos de abuso sexual a menores de edad, el Ministerio Público y la Iglesia Católica no somos contrapartes sino colaboradores, porque nos anima la misma meta. Al menos desde la Conferencia Episcopal, con la adhesión de todos los arzobispos y obispos diocesanos, así como los administradores apostólicos equiparados en derecho, hacemos nuestro lo que se establece en el Convenio que hoy firmamos y, al haber aprobado que este sea un anexo a las Líneas Guía «Cuidado y esperanza» del año 2015, este convenio rige para todas y cada una de las jurisdicciones eclesiásticas de Chile».
Luego de la firma, el obispo Ramos destacó que este es un convenio muy novedoso a nivel mundial. Agregó que las autoridades de la Santa Sede lo miran con atención, porque esto puede servir para iluminar otras realidades.
Por su parte el Fiscal Abbott opinó que «el trabajo colaborativo de ambas instituciones nos permitirá cumplir lo que la gente espera de nosotros» y, en concordancia con el Secretario General de la CECh, planteó que este convenio puede servir de referente en otros países.
Cabe destacar que este convenio entró en vigencia desde el momento de su firma.
