(ZENIT) El pasado 7 de marzo de 2019 se produjo, por parte de las Autoridades del Poder Judicial y del Organismo de Investigación y la Fiscalía General, un allanamiento en la Sede de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) y de la Curia Metropolitana, para llevarse los documentos sobre los casos del ex sacerdote Mauricio Víquez y el presbítero Manuel Guevara.
Los obispos de Costa Rica se encuentran en desacuerdo por los excesos cometidos a la CECOR y la Arquidiócesis de San José, por lo que se pronunciaron en un comunicado diciendo que: «Ni la fiscalía, ni los Tribunales de Justicia, han requerido información alguna a las instancias de la Iglesia, ni a la Curia Metropolitana, ni a la Conferencia Episcopal, hasta lo lamentablemente sucedido el día de hoy».
También mencionan que se procedió, de parte de la juez, a la orden de allanamiento por información falsa, debido a que se planteó que «los funcionarios de la Iglesia le negaron copia de su denuncia realizada ante la Curia Metropolitana en el año 2015», siendo que el denunciante, «el día que interpuso la denuncia, así como su testigo, recibieron copia de la misma».
El día del allanamiento se presentaron alrededor de 20 agentes del Organismo de Investigación Judicial, a cargo de varios fiscales «armados, con pasamontañas y equipos para derribar puertas y forzar archivos», encerrando en un salón a los colaboradores de las diversas instancias de la CECOR; los tuvieron incomunicados y bajo amenazas.
A pesar de que 2 funcionarios del Tribunal Eclesiástico les entregaron la documentación solicitada, continuaron con la búsqueda en los 3 niveles del Edificio, buscando en cada archivo y causando destrozos al inmueble.
Además, los funcionarios judiciales no permitieron a los recluidos a realizar el rezo del Rosario, poniendo música a alto volumen y, posteriormente, trasladándolos a otro salón. Estuvieron encerrados más de 3 horas, para ser después desalojados del edificio y enviados a sus casas, excepto 3 funcionarios de la CECOR, a quienes se les solicitó colaborar con las autoridades judiciales. No se les permitió el acceso al abogado de la Conferencia Episcopal, para que presenciara la acción judicial.
Al mismo tiempo, los obispos manifiestan que están dispuestos a colaborar con las autoridades judiciales en las investigaciones sobre abuso sexual, pero no aceptan el comportamiento de las autoridades durante el allanamiento en cuanto a «la exhibición de fuerza e intimidación a los colaboradores de la CECOR».
Por otro lado, externan su preocupación por la filtración de información de los documentos secuestrados, puesto que pueden ser sacados de contexto y prestarse a especulaciones, además de dañar la identidad de aquellas personas denunciantes; por lo que, si esto llegara a ocurrir, responsabilizan a los funcionarios judiciales.
Por otra parte, los prelados manifiestan que en ningún momento la Iglesia ha pagado por el silencio de los denunciantes de los casos investigados.
Al finalizar el escrito, los obispos confían que prevalecerá la verdad, encomendando la oración a la Iglesia, para que el Señor y, por intercesión de Sta. María Virgen, conceda paz y justicia «a todas las partes».
