(AsiaNews) El presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, ha anunciado su voluntad de reanudar las ejecuciones capitales de aquí a 2 meses, tras comunicar que su gobierno ha procedido a anular la moratoria que regía sobre la pena de muerte desde hace 43 años. Los primeros que corren riesgo de ser ejecutados en la horca son los despachantes y traficantes de drogas detenidos en las cárceles de la isla.
La decisión de Sirisena, según él mismo admitió, fue madurada luego de una visita a las Filipinas, donde se reunió con Rodrigo Duterte, «pionero» de una feroz guerra contra la droga que hasta el momento ha causado cerca de 5.000 muertes oficiales y la imposición de la ley marcial en Mindanao, en el sur del país. Por otro lado, al participar recientemente en un programa para hacer frente a la difusión del consumo de drogas entre los jóvenes, organizado en el estadio Sanath Jayasuriya de Matara, dijo que «la lucha contra las drogas será conducida en pie de guerra, de manera similar a la guerra que derrotó el terrorismo de las LTTE [refiriéndose a los militantes de los Tigres Tamiles, protagonistas de 30 años de conflicto civil contra los militares del ejército».
Desde 1976, año en que se introdujo la moratoria, 1.299 personas fueron condenadas a la pena capital. En Sri Lanka, la horca está prevista para varios crímenes como el tráfico de estupefacientes, el homicidio y la violación. Sin embargo, hasta ahora las sentencias quedaron en suspenso y los condenados, recluidos en prisión.
La sobrepoblación y hacinamiento de las cárceles es precisamente uno de los motivos que han empujado al presidente a restaurar las ejecuciones en un plazo de 2 meses. Al tomar la palabra frente a los diputados, en el Parlamento, él dijo que «la prisión de Welikada, en Colombo, se ha convertido en el receptáculo de traficantes de drogas del país». Por ello, ha solicitado a activistas y grupos a favor de los derechos humanos que «eviten desafiar el orden, porque este pretende poner bajo control la amenaza de la droga y la criminalidad en Sri Lanka».
Sin embargo, distintos expertos han resaltado que la intención de restablecer las ejecuciones se orienta fundamentalmente a mostrar la firmeza del gobierno. En efecto, de 1.300 reclusos, sólo 48 son culpables de crímenes ligados al narcotráfico. Y de estos, 30 han pedido la revisión de la sentencia. Es cierto que el país registra un aumento del crimen, como los homicidios vinculados a la tenencia de estupefacientes o cometidos por bandas de malvivientes y los casos de violencia sexual. Aún así, el reducido número de condenados por drogas no parece justificar la «necesidad» de reanudar las ejecuciones. Más que otra cosa, resaltan los expertos, la iniciativa parecería apuntar a ganar el consenso popular a través de la emulación del «hombre fuerte» Duterte, en vista de la crisis política que tiene al gobierno de Sri Lanka empantanado hace varios meses.
