(InfoRIES/InfoCatolica) El caso de uno de los pacientes, que ya falleció -aunque la causa no fue por falta de intervención quirúrgica, aclara su hija-, ha sido remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por el Defensor del Paciente para que se investigue si la actuación puede ser constitutiva de delito y se depuren responsabilidades.
El paciente, Isidro Indalecio García Prieto, que residía en Toro, ingresó en el hospital el pasado 21 de febrero y tras hacerle una nefrostomía, para la que no precisó transfusión, y un escáner le comunicaron que era necesario operarle, puesto que se había detectado un pequeño tumor en el riñón. Tanto el afectado, que era testigo de Jehová, como la familia habían comunicado ya que rechazaban la transfusión de sangre.
El urólogo les informó de que desconocía otros procedimientos alternativos y de que tampoco tenía práctica en el uso del dispositivo Cell Saver, que permite recuperar la sangre del propio paciente, procesarla y transfundírsela de nuevo. Por ello le plantearon el traslado a otro hospital, «y el doctor nos dijo que le parecía bien pero que no sabía dónde». Ahí empezó el calvario de la familia para buscar un hospital dónde hicieran la intervención, pero sobre todo para luchar contra la burocracia y el protocolo administrativo.
De hecho, la familia logró encontrar una uróloga dispuesta a hacer la intervención en la clínica madrileña Jiménez Díaz, pero en atención al usuario del hospital le negaron el traslado. También se les rechazó el traslado a Valladolid, pese a que había una especialista dispuesta a operarle, en contra de la respuesta de Sacyl que afirmó que este tipo de intervenciones no se hacían en la comunidad. Para entonces era ya finales de marzo, y a primeros de abril les comunican de Madrid que la operación no era viable. El paciente pidió el alta el día 7 e Isidro Indalecio falleció ese mismo día poco después de llegar a su casa.
«No se entiende esta forma de actuar, quitando a una persona la posibilidad de vivir», critica Carmen Flores, presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, que ha comunicado el caso al consejero y a la ministra de Sanidad. Tanto ella como la hija del afectado subrayan que «la Constitución lo dice muy claro: no se puede discriminar a nadie por razón de religión, de sexo o de ideología».
A una situación similar se enfrenta ahora Sebastián Valor, que también reside en Toro y al que le han dicho que se tiene que operar de la cadera porque tiene un gran desgaste de huesos. Tal como explica su esposa, Concepción Rafael, aceptan el sistema de autotransfusión que sí se aplica en Traumatología, «pero le hacen firmar el consentimiento de que si hay problemas le harán una transfusión de un donante, y mi marido se niega». Puntualiza que su esposo no es testigo de Jehová, aunque se está preparando para ello. No obstante, considera que tiene derecho a que se le conceda el traslado a un hospital donde le puedan intervenir sin transfusión.
El gerente del complejo asistencial ha explicado que en ambos casos se ha seguido el protocolo establecido para estos casos. Rafael López indica que si se ha recurrido a la Fiscalía, serán los tribunales los que decidan.
Blanca García insiste en aclarar que no responsabiliza al hospital de la muerte de su padre y que en su denuncia no reclama dinero, sino que a otras personas en situación similar no les ocurra lo mismo; «puesto que en Zamora no hay medios, lo que pedía y pido es que se les dé la posibilidad de que les puedan operar en hospitales donde sí los hay». Blanca subraya que tiene derecho a que se respeten sus creencias y a rechazar la transfusión, «porque hay alternativas y profesionales cualificados para aplicarlas y porque la transfusión también tiene riesgos, de contagios, de rechazo...».
