(InfoCatólica) En un decálogo de argumentos, que presentan en forma de un castillo de naipes, Escuelas Católicas, Cece, Cofama, Concapa, USO y FSIE rechazan el anteproyecto de reforma educativa presentado por el actual Gobierno y la ministra Isabel Celaa.
Diez días después de la reunión mantenida por representantes de la Conferencia Episcopal y del Ministerio de Educación, y a pesar de las primeras declaraciones oficiales, los planes del Gobierno parecen ir por otro lado, al menos respecto al anteproyecto de Ley de reforma educativa, que sigue su tramitación.
Ante esta incertidumbre Escuelas Católicas junto con las principales organizaciones y sindicatos de la enseñanza concertada como son CECE, COFAPA, CONCAPA, FEUSO y FSIE, han decidido «hacer público» un decálogo «en el que expresan conjuntamente su rechazo a los cambios en la legislación educativa planteados recientemente». Una reforma educativa impuesta y sin consenso.
Un castillo de naipes
El argumentario, presentado en torno a un castillo de naipes, repasa desde la libertad de enseñanza, la clase de religión , los derechos de los padres y de los profesores, así como las medidas dudosas. Estas son las diez razones del rechazo
- «Se escuda en una urgencia que no existe», ya que los elementos más polémicos de la ley anterior están suspendidos ‘sine die’. El único argumento para la implantación es el «interés político e ideológico partidista».
- «Carece del más mínimo consenso» lo que limita su viabilidad futura y abandona la ilusión de un posible «pacto educativo».
- «Asfixia el derecho a la libertad de enseñanza», tal como lo explicita la Constitución.
- «Restringe el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos» al desaparecer la llamada «demanda social» como criterio de organización de recursos públicos.
- «Relega a la enseñanza concertada a un papel secundario», frente al reconocimiento legal y jurídico con el que está respaldada.
- «No incorpora ninguna medida que mejore las condiciones de los profesores de los centros concertados». Es más, desaparecen criterios de admisión de alumnos en el propio centro para los hijos de esos profesores.
- «Conculca el derecho a la dirección de centro», sobre todo con la figura del «comisario político» que podrá tumbar un proyecto propio de un centro desde el Consejo Escolar.
- «Suprime las referencias a la asignatura de religión», esperando que la burocracia parlamentaria vaya asfixiando los requisitos exigidos por los Acuerdos Iglesia-Estado.
- «Omite las necesarias previsiones económicas» para la financiación de los cambios exigidos. Algo sangrante en el caso de la concertada.
- «Adopta algunas medidas académicas dudosas», como fortalecer las evaluaciones pero suavizando los criterios para pasar de curso o «ocultando el conocimiento de las pruebas de diagnóstico» que han sacado los colores a alguna Comunidad Autónoma.
