La ministra de Igualdad parece empeñada en hacer el ridículo cada vez que abre la boca. Después de decir que un feto de 13 semanas es un ser vivo pero no un ser humano, lo que le ha valido la crítica prácticamente unánime de la comunidad científica, ahora cambia de tercio y justifica que las menores puedan abortar sin consentimiento paterno alegando que también pueden operarse de los pechos sin que los padres puedan evitarlo.
Suponiendo que tal cosa sea cierta, sería justificar un mal mayor con otro mal menor. Y es que aunque no puede compararse el asesinato de un ser humano inocente en el seno materno con una operación de pechos, lo cierto es que esta última tampoco debería de hacerse sin el permiso de los padres de las menores. Si eso fue permitido por el gobierno de Aznar, mal hecho. Lo que el sentido común dicta es que cualquier tipo de decisión que puede marcar la vida de un menor esté bajo la cobertura de la patria potestad de sus padres o tutores.
Cuando el Estado se empeña en ocupar el lugar de los padres, nos encontramos ante un régimen totalitario, por mucho que dicho totalitarismo se disfrace de democrático. Las principales víctimas de ese afán por convertir en papel mojado la patria potestad son los jóvenes, que encuentran en el Estado un aliado perfecto para no aceptar la autoridad de sus mayores. Y a la larga será la propia sociedad la que sufra la incapacidad de toda una generación de formar una familia en la que el papel de padres e hijos sea conforme a la ley natural.
Lo que está ocurriendo en la primera década del siglo XXI en España afectará gravísimamente al futuro de este país durante buena parte de esta centuria. Los cristianos debemos de hacer todo lo posible, incluso llegar a la resistencia civil, para librar a nuestros hijos de la influencia nefasta de una casta política que vive obsesionada por dominar sus almas y sus conciencias.
