(Agencias) Después de 30 sesiones de juicio en el caso de los ‘Miguelianos’, el Ministerio Fiscal considera probada la «estructura» sectaria del grupo, así como los delitos de abusos cometidos por Miguel Rosendo. Además, la acusación particular entiende que Miguel Rosendo, líder y fundador de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, actuó con una «conducta criminal» hacia sus seguidores.
El tribunal dictará sentencia antes del 11 de diciembre, si bien aún está pendiente la intervención de la defensa. El mismo día 11 de diciembre se cumplirán cuatro años desde que Rosendo entrase en prisión preventiva. De no disponer entonces de sentencia, el acusado saldría en libertad provisional. El sumario concluyó hace un año, pero aunque las detenciones se habían producido en diciembre de 2014 el auto de procesamiento no se dictó hasta diciembre de 2016. A lo largo de estos años se han sucedido diversas incidencias en el sumario, con cambios en los imputados, en los hechos imputados, en los abogados defensores, etc.
A falta de la intervención de las defensas, la causa quedará este martes vista para sentencia, que el tribunal tendrá que dictar antes del día 11 de diciembre –fecha en la que se cumplen los cuatro años de prisión preventiva del líder del grupo, Miguel Rosendo– o el acusado principal saldrá en libertad provisional pues ya no caben prórrogas.
El juicio del caso de Orden y Mandato de San Miguel o, como se les llama comunmente, los 'Miguelianos', ha sido un procedimiento largo con treinta sesiones en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra y 118 testificales entre los peritos y los testigos, un número elevado pese a que se renunció a unos 50 testimonios de los propuestos inicialmente.
Informe de la fiscalía
El fiscal de la causa, Juan Pablo Martínez, ha sostenido que tras la prueba practicada considera probada la «estructura» de «secta» de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel con Miguel Rosendo «en la cúspide» y que de las diferentes testificales se desprende que «no se hacía nada sin el consentimiento» del líder.
El fiscal ha manifestado que en los 'Miguelianos' se produjo una «despersonalización» de los miembros propia de una «estructura» de «asociación ilícita» y ha descrito cómo el líder fue «fraguando la docilidad de las víctimas» en base a una técnica de «premios» y «castigos», así como que varios testimonios han reconocido que Rosendo se convirtió en alguien «imprescindible» para ellos.
La Fiscalía también se ha referido a la limitación de la capacidad intelectiva de los miembros de la Orden y lo ha ejemplificado con el testimonio de la hermana de la número dos de Rosendo, quien explicó que «tienes la sensación de que las decisiones las tomas tú», un extremo que según el fiscal quedó refrendado por los peritos que realizaron la evaluación psicológica de algunos 'Miguelianos'.
Ante los delitos de abuso y agresión sexual, el Ministerio Fiscal ha afirmado que su deber es «defender la dignidad humana aunque la víctima no lo reconozca», así como que no se puede «mirar para otro lado» ante episodios que evidencian la «falta de capacidad crítica» y el alto «nivel de sugestión» de los miembros de la Orden.
Por todo esto, el Ministerio Fiscal pide de 66 años de prisión para Miguel Rosendo por un delito de asociación ilícita, 12 contra la integridad moral, cinco de coacciones y tres contra la libertad sexual –uno de agresión sexual continuado y dos de abuso sexual continuado–.
¿«Pasividad» de la Iglesia? Principales hitos de la asociación
Respecto a la responsabilidad civil subsidiaria del Obispado de Tui-Vigo, que se fundamentó en que «la constitución y funcionamiento de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel estuvo amparada y actuaba al servicio y bajo la dependencia del Obispado», el fiscal ha añadido que hubo una «actitud pasiva» por parte de la Iglesia al no reaccionar en 2006 cuando la madre de un miembro de la Orden alertó al obispo Luis Quinteiro Fiuza de «comportamientos raros» en el grupo.
El 22 de diciembre de 2014 Mons. Quinteiro firmó el decreto de supresión de dicha orden, que había sido constituída en la diócesis de Tui-Vigo como asociación privada de fieles en 2003 y elevada a la categoría de asociación pública de fieles en 2009.
Desde sus comienzos, los miembros de la fundación se implicaron como voluntarios en diversas obras de apostolado y caridad: peregrinaciones a Fátima, voluntariado con ancianos y enfermos, animación y organización de eventos religiosos, guía y cuidado de peregrinos en la ruta jacobea, grupo de música juvenil, etc. En el carisma de la «orden y mandato de San Miguel» fundado por Miguel Rosendo se entrelazaban, al parecer sin problemas, la obediencia ciega al líder, a la organización jerárquica y a unas normas no escritas, la alegría en el ejercicio de unas virtudes abnegadas y un programa evangelizador novedoso, la piedad con Dios, el Obispo y el Papa.
La asociación tuvo su mayor auge público con ocasión de su servicio en el año santo Jacobeo en la Catedral de Santiago de Compostela en 2010 y en sus actuaciones en la JMJ de Madrid 2011. Pese a ello, y pese al apoyo que recibían de personas influyentes eclesialmente, a raíz de las denuncias de algunos miembros y padres de éstos, no recibiendo suficiente información por el Consiliario de la Asociación, Mons. Quinteiro decidió en 2012 nombrar un Comisario para la Asociación, que sustituyera a Miguel Rosendo en las tareas propias de la dirección de la asociación.
Pero entonces un numeroso grupo de miembros, junto con el propio Rosendo y su familia, se trasladaron a Madrid, saliéndose formalmente de la asociación y fundando otro grupo, llamado Serviam, al que desviaron parte del patrimonio, fijando su domicilio en varios pisos y casas en la provincia de Madrid y bajo cuyo nombre siguieron varias de sus actividades. En 2014 se produjo la intervención judicial y policial, seguida de las medidas eclesiásticas, motivadas todas ellas por la aportación de nuevos testimonios y pruebas de las presuntas actividades ilícitas de Miguel Rosendo y sus seguidores. El obispado de Madrid prohibió las actividades del grupo Serviam y alertó a otras diócesis sobre las mismas –habían actuado como grupo musical de tipo vocacional en al menos Madrid, Toledo y Granada–.
En el decreto del obispado de Tui-Vigo al suprimir la asociación se declaraba que en ese momento esta organización contaba con 26 miembros bajo la responsabilidad «directa e inmediata» de un comisario, tras la expulsión de su fundador por parte de las autoridades eclesiásticas.
Mons. Quinteiro Fiuza trasladaba su «hondo pesar» respecto al «grave escándalo que últimamente miembros de esta asociación, que se han dado de baja a raíz del nombramiento del comisario, que sustituyó al hasta entonces fundador y líder, han causado no sólo en esta Diócesis, en que han ejercido su actividad, sino en toda España, con gran repercusión mediática».
