(Agencia Fides) «La policía debe arrestar a Qari Mohammad Salim y a las dos mujeres musulmanas que han inventado falsas acusaciones de blasfemia contra Asia Bibi, una cristiana inocente que pasó 9 años en prisión». Es lo que declara a Fides Taskeen Khan, activista pro derechos humanos en Pakistán, que añade: «Es hora de que el estado corrija este abuso, de lo contrario, continuará la impunidad».
En la sociedad civil pakistaní, activistas pro derechos humanos, organizaciones y comunidades de diferentes religiones han comenzado a hablar en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre el uso indebido de la ley de blasfemia en Pakistán. Babar Ayaz, un musulmán, escribe después de la absolución de Asia Bibi: «Felicito a los jueces de la Corte Suprema por adoptar una postura valiente contra los abusos de la ley anti-blasfemia. Antes de que Zia-ul-Haq, ex presidente de Pakistán, extendiera la aplicación de la ley contra la blasfemia, había muy pocos casos de quejas en el país».
En la ley de blasfemia que tal y como existe hoy en día, en el artículo 295 del Código Penal prohíbe dañar cualquier lugar de culto o un objeto sagrado. El artículo 295 a prohíbe la vulneración de los sentimientos religiosos; el 295 b castiga la ofensa al Corán y 295 c prohíbe calumniar al profeta Mahoma.
El activista católico Rashid Gill, coordinador de la Comisión Justicia y Paz de los Superiores Mayores en Karachi, asegura a Fides: «Es triste ver que, por razones personales, se invoca y se abusa de la ley de la blasfemia. La familia de Asia Bibi ha sido destrozada y ahora todos corren peligro de muerte». Y remata: «Exigimos que a los falsos acusadores sean se les aplique el mismo castigo infligido a los blasfemos en cada caso de presunta blasfemia. Esta será la única manera de detener el abuso de la ley de blasfemia».
En marzo pasado, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Pakistán propuso enmiendas a la ley para castigar las acusaciones falsas sugiriendo que se impongan las mismas sanciones a quienes infrinjan la ley. Actualmente, de acuerdo con el Código Penal de Pakistán (PPC), aquellos que registran una queja con declaraciones falsas enfrentan hasta siete años de prisión y una multa de 200.000 rupias (1330 euros). La Comisión del Senado propone endurecer estas penas.
Sin embargo, en el Senado, la medida no ha sido aprobada debido a la oposición del partido político islámico Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F), que pidió no enviar el proyecto de ley al Consejo de Ideología Islámica para su ratificación. En 2010, el Consejo recomendó varias enmiendas, instando al gobierno a «tomar las medidas apropiadas, administrativas, de procedimiento o legislativas para detener los casos de abuso de la ley anti-blasfemia», pero indicando la oposición absoluta a la derogación de la ley. El Consejo sugería además que fuera obligatorio para el demandante aportar evidencias para que los casos pudieran pasar al Tribunal Supremo (tribunal de segundo grado) y no por los tribunales de primera instancia.
Según datos de la Comisión Justicia y Paz de los obispos de Pakistán, entre 1987 y 2014 633 musulmanes han sido acusados de blasfemia, 494 ahmadíes, 187 cristianos y 21 hindúes. Como señalan varios abogados, en la mayoría de los casos se trataban de acusaciones falsas.
