(El Mercurio) La orden judicial dictada por el juez de garantía de la capital de la Sexta Región, Luis Barría, establecía la «entrada y registro e incautación» de los e-mails del dominio «Iglesia.cl» de autoridades católicas: el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati; el cardenal Francisco Javier Errázuriz, y el obispo auxiliar de Santiago y administrador apostólico de Rancagua, además de secretario del Episcopado, Fernando Ramos.
A ellos se suman el ex canciller del arzobispado de Santiago Óscar Muñoz, que se encuentra en prisión preventiva desde el 13 de julio, pues está siendo investigado por cinco delitos de abuso sexual y estupro, los que se habrían cometido a partir de 2002. En la orden además figura el sacerdote Raúl Hasbun, quien condujo la investigación interna que realizó la Iglesia en 2010 a partir de la denuncia.
De la casa central al campus San Joaquín
Durante la mañana, el fiscal y los funcionarios del OS-9 de Carabineros se presentaron en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile para concretar la incautación de los respaldos requeridos. En este recinto se les informó que los servidores que contienen esa información están en el campus San Joaquín, lugar hasta donde se trasladaron para llevar a cabo la extracción de la información. La diligencia se extendió hasta la tarde de ayer.
Investigación
La Fiscalía Regional de O'Higgins investiga una querella en contra del sacerdote Jorge Laplagne Aguirre, acusado por un ex acólito de haber abusado de él cuando era un adolescente. En su relato, el denunciante Javier Molina apunta, como supuestos encubridores de los hechos, a Francisco Javier Errázuriz, Óscar Muñoz Toledo y a Raúl Hasbun, pues estima que en 2010 no se tomaron las medidas pertinentes frente a su denuncia. Ese año, Hasbun fue el encargado de conducir una investigación interna para esclarecer lo sucedido. En julio de este año, el Arzobispado de Santiago informó que esa indagatoria interna «no pudo acreditar la verosimilitud de los hechos denunciados» y que había instruido una nueva investigación previa.
En el caso de Ezzati, en tanto, entre 2011 y 2015 habría conocido dos denuncias contra Laplagne y no habría tomado medidas para verificar los hechos.
Visita de Scicluna
Cuando Molina se enteró de la visita de los enviados del Papa, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, nuevamente presentó una denuncia. Esta se interpuso el 27 de junio en la Oficina Pastoral de Denuncias del Arzobispado (OPADE).
Pocos días después, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, realizó el primer allanamiento en el Arzobispado de Santiago. En este lugar se incautó la primera denuncia que había sido archivada. También ha confiscado 461 expedientes canónicos: 70 de ellos fueron encontrados en el archivo del Tribunal Eclesiástico, en el Arzobispado de Santiago, y en la Oficina Pastoral de Denuncias; otros 391, en el obispado castrense.
Otro caso
Laplagne y otro grupo de sacerdotes denunciados también son investigados por el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, quien indaga a integrantes de los Hermanos Maristas y a personas que tuviesen relación con esta congregación.
El 14 de agosto el persecutor realizó varias incautaciones.
El religioso, además de capellán de la congregación en la época en que se habrían cometido los abusos, participaba en la Pastoral de Acólitos del Instituto Alonso de Ercilla, indica el portal de los Colegios Maristas.
Desde el 27 de junio pasado, el sacerdote se encuentra con prohibición de efectuar actos públicos propios del ministerio sacerdotal. Y, según informó la Iglesia entonces -mediante un comunicado público-, la medida adoptada respondía a la denuncia de una persona que acusaba haber sido víctima de Laplagne cuando era menor de edad.
