(SER) En una respuesta por escrito al diputado socialista Antonio Hurtado, a la que ha tenido acceso la SER, Justicia afirma que «se encuentra en estos momentos procesando los datos para la realización del listado de bienes inmatriculados» y añade «se prevé que una vez finalizado se proceda a su publicación de forma que se garantice el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la Ley Orgánica de Protección de datos».
Hurtado cree que la publicación del listado abre la puerta a posibles reclamaciones «cuando las instituciones y los privados vean inmatriculados por la Iglesia Católica muchos de los bienes podrán reclamar su propiedad por la vía judicial. Un trabajo de reparación que va a requerir mucho tiempo y esfuerzo». El diputado del PSOE recuerda que hay precedentes que han dado la razón a los afectados: «hay dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideran que estos actos de inmatriculación vulneran la convención europea de los derechos humanos».
Además considera que este «ejercicio de transparencia» supone un cambio muy importante con respecto al ejecutivo del PP del Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene «entre sus señas de identidad avanzar en la aconfesionalidad del Estado y la eliminación de los privilegios históricos de la iglesia católica». El ministerio de Justicia no concreta en su respuesta cuándo podrá tener completa la lista de inmatriculaciones ni cuándo la hará pública.
El Gobierno de Rajoy empezó a elaborar esa lista después de que la Comisión de Justicia del Congreso aprobará una proposición no de ley del PSOE en abril de 2017 aunque nunca especificó si la publicaría. Votaron a favor de la iniciativa todos los grupos excepto PP y Ciudadanos. Ese listado, que según la proposición debía estar listo en 6 meses, permitirá saber por primera vez cuántas propiedades puso la iglesia católica a su nombre –y donde están– tras la reforma de la Ley Hipotecaria que aprobó el ejecutivo de José María Aznar en 1998 y que estuvo en vigor hasta 2016. La ley daba a la Iglesia la categoría de autoridad pública (su palabra bastaba para acreditar una propiedad) y le permitió registrar templos o lugares de culto, como la Mezquita-Catedral de Córdoba, por sólo 30 euros.
Las autoridades eclesiásticas no han concretado nunca la cifra exacta de propiedades inmatriculadas aunque el vicesecretario de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Gimenez Barriocanal, aseguró en la SER que las cifras podrían rondar las 40.000.
