(AsiaNews) El gobierno chino aprueba medidas cada vez más restrictivas contra los católicos que viven en la provincia central de Henan. Tal como informa Églises d’Asie, se acaban de imponer cinco nuevas normas. A los religiosos que se desempeñan en la provincia, se los obliga a relevar los datos de los fieles y a registrar cualquier información sobre ellos. Es lo que afirma un sacerdote de la diócesis de Zhengzhou, que ha recibido la orden de registrar y declarar el número de fieles, así como su situación socio-económica en cada caso particular. Según el religioso, este «censo» podría ser «peligroso para las familias más pobres».
Otro consagrado, de la misma provincia, afirma que él también ha recibido la orden de las autoridades municipales, donde se indica que deberá relevar todos los datos referidos a la composición de la comunidad, y particularmente de aquellas familias pobres. «Es algo totalmente irresponsable. Esta maniobra encierra la intención –no declarada- de prohibir el acceso a subsidios públicos a aquellas personas de bajos ingresos que practiquen el catolicismo», denuncia el cura, que desea permanecer tras el anonimato, por temor a que haya represalias. Las cifras del Pew Institute indican que actualmente, hay diez millones de católicos en China, de los cuales el 10% se concentra en la provincia de Henan.
«Ahora sólo nos queda esperar la inspección. Veremos qué nos dicen, antes de decidir qué hacer», agrega el sacerdote de la diócesis de Luoyang. Él está preocupado pensando qué intenciones guardarán las autoridades para hacerse de estos datos. El gobierno afirma que la nueva normativa se orienta a mejorar el modo en que se gestionan las iglesias y otros sitios religiosos. El sacerdote considera que este es un pretexto, y que en realidad se apunta a limitar y reprimir la actividad religiosa en la provincia. Él explica que las autoridades han visitado su iglesia el 1º de julio pasado, y le han entregado una circular titulada «Aviso especial de emergencia».
Dicho aviso contiene cinco puntos. En particular, se solicita registrar y declarar el número y la situación de los fieles. A los sacerdotes también se les pide informar a las autoridades acerca de menores de edad que eventualmente ingresan a los edificios religiosos, y a dar cuenta de la instalación de luces de neón o recintos en los lugares de culto. En otro punto, se afirma que el listado de miembros del clero debe estar pegado en las parroquias, a fin de que las autoridades puedan verificar quién tiene permiso para predicar. Un tercer punto dice que la bandera china siempre debe estar exhibida en todos los lugares de culto, y que el himno nacional debe ser cantado en cada celebración. Las últimas dos directivas se refieren a las nuevas normas sobre asuntos religiosos y a las estadísticas para mejorar los registros comunales. Los miembros de la oficina abocada al «proyecto especial» deben efectuar visitas -sin previo aviso- a las iglesias de la provincia todas las veces que consideren necesario, a fin de garantizar el respeto de las nuevas normas.
Este año, se han intensificado los esfuerzos orientados a suprimir la religión en la provincia. Desde el Año Nuevo chino, a mediados de febrero, a los católicos se les ha señalado a prohibición de publicar poesías en el umbral de las casas (estos versos, que se escriben en colores negro y dorado sobre papel rojo, son exhibidos en las puertas de las casas con ocasión del nuevo año, y los católicos suelen usar versículos del Evangelio). Además, se procedió a cerrar hogares, asilos e iglesias. El 24 de abril, las autoridades de la ciudad de Diandian, en el condado de Shangcai, enviaron a dos oficiales para sellar el ingreso de la iglesia católica de Gadazhang, en la diócesis de Zhumadian. Una fuente ha informado que la clausura forma parte de una nueva medida del Partido Comunista.
Tras aprobarse las nuevas normativas referidas a asuntos religiosos el 1º de febrero pasado, a los menores de edad se les ha prohibido el acceso a los lugares de culto. Desde entonces, cada domingo, los móviles de la policía custodian la entrada de las iglesias. Las autoridades Henan también han destruido la lápida de la tumba del obispo Li Hongye, quien había sido nombrado por el Vaticano, pero jamás fue reconocido por el gobierno.
