(EP) Izquierda Unida va a registrar en el Congreso una proposición de ley integral de la memoria democrática y de reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo y la Transición que, entre otras cosas, plantea derribar la gran cruz que corona el complejo del Valle de los Caídos y sacar del mismo no sólo los restos del dictador Francisco Franco, sino también los del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera.
El objetivo de la iniciativa es establecer «de forma solemne el repudio y condena del golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura por parte de los poderes e instituciones del Estado», el íntegro reconocimiento de la dignidad y la memoria de quienes sufrieron los efectos de la represión y garantizar «de forma efectiva los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas».
Para ello, la norma amplía los derechos a este colectivo incluidos en la Ley de Memoria Histórica de 2007, que contempla la reparación de las víctimas hasta octubre de 1977, cuando se aprobó la Ley de Amnistía. La proposición de IU aboga por mayores indemnizaciones e incorpora a las víctimas de la Transición hasta 1983, e incluso hasta 2000 en el caso de los 'bebés robados'.
«Valle de Cuelgamuros»
Respecto al Valle de los Caídos, IU propone que sea directamente gestionado por Patrimonio Nacional, que se desacralice, se rebautice como «Valle de Cuelgamuros» y se convierta en un lugar donde se expliquen los crímenes del franquismo y del que desaparezcan mediante desmantelamiento o demolición los «elementos incompatibles con un Estado democrático», incluida la monumental cruz que lo preside.
Además, apuesta por sacar de allí no sólo los restos de Franco, como ya prevé el Gobierno de Pedro Sánchez, sino también los de Primo de Rivera que, según el informe de expertos que quiere aplicar el Ejecutivo actual bastaría con que fueran trasladados a un lugar no preeminente de la Basílica.
IU quiere obligar al Estado a atender todas las reclamaciones de exhumación de los familiares de los republicanos enterrados en el lugar y encargar un estudio científico sobre el estado de estos restos y un eventual nuevo emplazamiento de los mismos.
Derogar el concordato de 1953 y los acuerdos de 1979
La ley incluye una disposición para derogar el Concordato con la Santa Sede de 1953 y los acuerdos de 1976 y 1979 para sustituirlos en un año por un nuevo acuerdo bilateral «basado en los principios de laicidad e igualdad entre hombres y mujeres» bajo la premisa de que España no se puede permitir tener en vigor por más tiempo un acuerdo que tiene su origen en una «sanguinaria dictadura» y que da privilegios a la Iglesia Católica en un Estado aconfesional.
Asimismo, establece un régimen de sanciones con multas que pueden oscilar entre los 50 y los 50.000 euros dependiendo del tipo de infracción, destacando, entre las muy graves las excavaciones sin autorización, la construcción o remoción de terreno sin autorización allí donde haya restos de desaparecidos o la destrucción de fosas.
En una de sus disposiciones persigue reformar el artículo 510 del Código Penal relativo a los delitos de odio para castigar a quien trivialice o enalteza no sólo los delitos de genocidio, sino específicamente «los crímenes del fascismo, el franquismo y la dictadura». Actualmente las penas van de 1 a 4 años de prisión y multas de 6 a 12 meses, pero IU plantea cambiarlas por penas de prisión de 6 meses a un año y trabajos para la comunidad de 15 a 30 días.
Bebés robados y fiscalía especial
También recoge la creación de una Fiscalía especial para las desapariciones forzosas y la sustración forzada de memores y establece medidas para forzar la investigación judicial de los crímenes del franquismo -como la reforma de la Ley de Amnístía y el Código Penal-, declarar nulos e ilegales los juicios políticos, la retirada efectiva de la simbología franquista -incluyendo la retirada de subvenciones a los ayuntamientos que se nieguen a quitarlos- y la ilegalización de la Fundación Franco o similares.
Prevé, asimismo, la elaboración de varios censos, como el de la memoria democrática del Estado español, con todas las personas consideradas víctimas del régimen o la Transición y un listado de empresas que se beneficiaron de trabajos forzosos y de edificaciones y obras realizadas por este método. Así, persigue la reparación moral y económica para quienes los construyeron, con indemnizaciones a fijar en un futuro reglamento que adelantará el Estado pero luego deberán abonar las empresas responsables.
En materia de fosas, prevé, como la ley vigente un Mapa de Fosas y obligar a los órganos judiciales a proceder a la localización y exhumación e identificación de los desaparecidos en el periodo que abarca la ley, incluidos los 'bebés robados'.
Dentro de la reparación integral, tanto moral como económica de las víctimas por parte del Estado, se incluyen artículos para el reconocimiento específico de las mujeres víctimas del franquismo, los represaliados por su orientación sexual, por su identidad nacional o el uso de su propia lengua, los confinados en campos de internamiento o exterminio en Europa, los que integraron las guerrillas antifranquistas, así como los perseguidos por ser gitanos, judíos o masones.
La iniciativa se reconoce el derecho a una indemnización de 80.000 euros a las personas beneficiarias de quienes fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes por la represión hasta el 15 de octubre de 1977, mientras que deja en manos del Gobierno, vía reglamento, la cuantía de las indemnizaciones por otros supuestos.
El Estado también habrá de restituir los bienes inmuebles, el dinero y otros valores, bienes muebles y archivos documentales que fueron requisados a personas físicas o jurídicas a cuyo favor o el de sus familiares se reconozca la reparación.
El 8 de mayo, día de las víctimas
Además, IU plantea fijar el 8 de mayo como Día Oficial de Homenaje a las víctimas del franquismo y de la Transición. Ese día se conmemora del fin de la Segunda Guerra Mundial en varios países europeos y dignificar la lucha antifranquista introduciéndola en los currículos escolares. También quiere recuperar la Oficina de Víctimas para darles apoyo técnico y jurídico y hacer labores de divulgación.
Crear la figura del 'Lugar de la memoria democrática española' considerados administrativamente como bienes de interés cultural -fosas, lugares de internamiento o trabajos forzados, cárceles, maternidades, hospitales, casas de cuna- es otra de las propuestas de la ley que también abre la vía a crear rutas de memoria democrática.
La proposición incluye asimismo la retirada de los reconocimientos de carácter económico por desempeño de su cargo o función a los militares, policías o funcionarios públicos que formaran parte del aparato represor, así como de los títulos nobiliarios otorgados a los adeptos al régimen, cuya eliminación se solicitará a la Casa del Rey.
Además, fija un año de plazo para que las administraciones públicas procedan a la retirada de toda distinción, mención, título honorifíco o cualquier otra forma de exaltación de personas vinculadas con el régimen.
