(Efe) La Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora y testigo del diálogo nacional, decidió hoy suspender las tres mesas de trabajo, debido a que el Gobierno de Daniel Ortega no presentó copias de las cartas de invitación a organismos internacionales a visitar el país.
El Ejecutivo aceptó el viernes pasado invitar de manera «inmediata» a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea (UE) y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las partes también consensuaron ese día «urgir la presencia de la CIDH e instarle a anunciar los miembros del grupo internacional de investigaciones para Nicaragua que deberán trabajar 'in loco' para coadyuvar en la investigación de todas las muertes y actos de violencia y la identificación de responsables» desde el 18 de abril.
El diálogo entre el Gobierno y la oposición iba a reanudarse este lunes, después de que se conformaran dos mesas de trabajo para debatir las reformas jurídicas y electorales propuestas por los obispos para superar la crisis, que implican un adelanto de las elecciones para marzo de 2019.
Las partes constituyeron la Mesa Electoral y la Mesa Judicial, integradas cada una por tres representantes del gabinete y tres de la Alianza por la Justicia y la Democracia, que aglutina a universitarios, empresarios, miembros de la sociedad civil y campesinos.
Las mesas tendrán que discutir la hoja de ruta planteada por los obispos para solucionar la crisis, que incluye la celebración de elecciones el 31 de marzo de 2019, la renuncia de los miembros del poder electoral y una nueva ley de partidos políticos, entre otras medidas.
Las partes también conformaron la denominada «Comisión de Seguridad y Verificación», que estará integrada por doce miembros y que se encargará de trazar un plan para levantar las barricadas que mantienen los manifestantes en distintos puntos del país.
Nicaragua está sumida en una crisis sociopolítica que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 178 y 200 muertos, la más sangrienta desde la década de 1980, cuando Ortega también era presidente.
Las protestas contra Ortega, que lleva once años en el poder, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas reformas a la seguridad social, que luego fueron retiradas, y se convirtieron en una exigencia de renuncia con acusaciones de abuso y corrupción.
