(Aciprensa/News.va/InfoCatólica) La Santa Sede y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica nunca han «escondido» en Roma al sr. Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, ni lo han protegido impidiéndole regresar a Perú para responder directamente a las acusaciones formuladas en su contra. El Sodalicio de Vida Cristiana es una sociedad de vida apostólica fundada en el Perú a la que pertenece el director de ACI Prensa, Alejandro Bermúdez.
Lo aclara en un comunicado publicado en el sitio web de la Conferencia Episcopal peruana, la misma Congregación, que quiere responder de este modo a afirmaciones infundadas sobre el caso que ha involucrado a Figari y al Sodalicio fundado por él en 1971, el cual fue comisariado el pasado 10 de enero por la Santa Sede. Ayer 6 de junio los servicios de prensa del Vaticano publicaron el comunicado de la CIVCSVA, con fecha 25 de mayo.
En conferencia de prensa realizada el pasado 1 de junio por la presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana, los obispos dieron lectura al pronunciamiento en el que la CIVCSVA rechaza algunas acusaciones que señalan que el dicasterio habría «ocultado» a Figari en Roma para «protegerlo».
En diciembre de 2017 la Décimo Octava Fiscalía Penal del Ministerio Público del Perú pidió nueve meses de prisión preventiva para Figari.
La carta de 30 de enero de 2017
En el comunicado la Congregación recuerda su carta del 30 de enero de 2017, dirigida al Superior General del Sodalicio, en la que fuera formulada una valoración del caso del sr. Figari en base a la documentación que la misma Congregación había recibido.
Esto para determinar, «la posible fundamentación, sobre todo, pero no exclusivamente, de las denuncias de abuso a menores», que hasta hace poco tiempo atrás constituían la «acusación principal, pero no exclusiva» contra el sr. Figari por parte de la opinión pública del Perú y de miembros o ex miembros del Sodalicio. Sucesivamente hubieron otras denuncias: de «violencia psicológica, maltrato, abuso de poder, irregularidades y falta de transparencia en la gestión económica del Sodalicio, uso de métodos de formación notablemente impropios»; acusaciones inicialmente consideradas secundarias por los acusadores y por la opinión pública, que querían una condena por abuso de menores.
La cuestión del regreso a Perú
En la valoración contenida en la carta del 30 de enero de 2017, la Congregación tuvo en cuenta estas ulteriores responsabilidades y «sólo por estos motivos se consideró oportuno señalar al Superior General del Sodalicio que el sr. Figari no regresara a Perú, donde cuenta con numerosos apoyos y donde tiene mayores posibilidades de causar otros daños sobre todo a personas, de ocultar o destruir pruebas en contra de él», y de «obstaculizar el curso de la justicia tanto eclesiástica como del Estado».
La Congregación aclara, por lo tanto, que esta prohibición , «no es de hecho absoluta», porque como está escrito en la carta antes mencionada, «el sr. Figari puede regresar a Perú, por razones graves y con el permiso por escrito del Superior General». Y dado que el Sodalicio está comisariado desde el pasado 10 de enero [2018], el permiso puede ser concedido por el Comisario Apostólico, Mons. Noel Antonio Londoño Buitrago.
Ninguna protección o privilegio
La Congregación guiada por el Cardenal João Braz de Aviz, por tanto, ha sólo señalado al Superior General la no conveniencia de su regreso a Perú, pero «no ha sido establecido en absoluto, ni tampoco ha sido sugerido al Superior General, que el sr. Figari tendría que continuar residiendo en Roma o en el Vaticano, donde de hecho nunca ha residido».
La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada se ha sólo limitado a pedir que Figari fuese destinado en una residencia donde no haya una comunidad de Sodálites, que le fuese prohibido el contacto con miembros del Sodalicio, hacer declaraciones públicas y participar en manifestaciones públicas.
La decisión de establecer en Roma la residencia de Figari –se explica en el comunicado– debe atribuirse a la libre elección del Superior General, dictada por necesidades concretas para la realización del propósito principal de la carta de 2017, es decir, de «evitar en la medida de lo posible, cualquier daño adicional a cualquier persona por parte del sr. Figari, para proteger a las víctimas y favorecer el curso de la justicia». «En consecuencia, no se ha reservado ninguna protección o privilegio de ningún tipo al sr. Figari». Por lo tanto, si en el futuro «surge la necesidad de que el sr. Figari regrese a Perú para rendir cuentas a la justicia peruana, su regreso al citado país podrá ser autorizado por el Comisario Apostólico».
Pendiente apelación ante jurisdicción canónica
El comunicado concluye añadiendo que las medidas solicitadas por la Congregación en la carta del 30 de enero de 2017, aún «no han sido formalmente dispuestas, solamente porque el sr. Figari después de la notificación de dicha carta presentó una apelación administrativa jerárquica, como era su derecho, al Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, que, sin embargo, el 31 de enero pasado rechazó la apelación».
No obstante –finaliza el comunicado– el sr. Figari ha presentado una apelación adicional contra esta decisión ante el Colegio de Jueces del Foro Apostólico Supremo, decisión que aún está pendiente. «Estamos esperando la decisión final que, esperamos, sea notificada tan pronto como sea posible y, sobre todo, que confirme lo previamente acordado», concluye el comunicado.
