(Diario de Sevilla) La ley de muerte digna aprobada por la Junta en 2010 funciona, pero «no llega a todos los que la necesitan». Lo denunció ayer el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que presentó un informe especial elaborado por el organismo que dirige para analizar la aplicación de una norma «muy positiva», pero que tiene como principales deficiencias el acceso a los cuidados paliativos en las zonas rurales y a determinados menores de edad.
«Nadie quiere afrontar un proceso doloroso en la muerte y menos aún los niños», apuntó Maeztu después de entregar en al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, el documento que califica la atención paliativa a menores como «uno de los aspectos más deficitarios», de la aplicación de la ley, entre otras razones, por la falta de pediatras especializados. El informe denuncia que los cuidados paliativos pediátricos «no están resueltos», por lo que «un porcentaje de elevado de niños y adolescentes» fallecen en los hospitales en contra de sus deseos y los de su familia.
También tienen problemas en el mundo rural para acceder a las garantías y derechos blindados en la Ley de Derechos y Garantías de las Personas ante el Proceso de la Muerte. La población que vive alejada de las grandes ciudades se encuentra ante una llamativa paradoja señalada por Ignacio Aycart, asesor en materia de salud del Defensor del Pueblo. «Mientras más lejos vivas de un hospital de referencia, menos posibilidades tienes para morir en condiciones dignas en tu domicilio», apuntó Aycart.
La investigación del Defensor del Pueblo, realizada a partir de visitas y entrevistas in situ, también revela carencias en la prestación de cuidados paliativos a pacientes no oncológicos -enfermos de ELA o de alzhéimer, por ejemplo-, para quienes Maeztu pide un tratamiento equivalente al de las personas con cáncer.
El informe reconoce que el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos se tradujo en un aumento de los recursos, pero también revela que «la mayoría de hospitales comarcales» cuentan con un único equipo conformado por un médico y un enfermero que «se enfrentan a una multiplicidad de tareas». Respecto a los recursos más avanzados, propios de las Unidades de Cuidados Paliativos, alerta de la necesidad de dotarlos con más medios personales y materiales, sobre todo psicólogos, trabajadores sociales y fisioterapeutas.
La falta de recursos también es un problema puntual en momentos de especial demanda asistencial en el sistema público sanitario, como ocurre actualmente con al epidemia de gripe y el resto de dolencias propias de esta época del año. El informe del Defensor del Pueblo recuerda que la ley establece que los pacientes terminales tienen derecho a ser alojados en habitaciones individuales, donde podrán estar acompañados de su familia. No es deseable, apunta el informe, que un paciente fallezca solo en la UCI o en Urgencias si puede hacerlo en una habitación después de haber recibido cuidados paliativos.
«Hay un déficit de conocimiento sobre los derechos que asisten a la ciudadanía en relación con la toma de decisiones al final de la vida», apunta el documento, que también recuerda que el número de declaraciones de voluntad vital anticipada es «significativamente bajo» desde que en 2004 echara a andar esta iniciativa, que permite a la población decidir sobre los tratamientos que debe recibir en caso de que no pueda dar su consentimiento con motivo de la enfermedad.
Legislación nacional, debate autonómico
Donde el informe del Defensor del Pueblo no se atreve a pronunciarse es en la situación legal que tienen en Andalucía las figuras de la eutanasia y el suicidio asistido, que deben legislarse a nivel nacional. Sin embargo, el equipo que dirige Jesús Maeztu reconoce que el debate sobre estas prácticas se ha convertido en «un asunto de relevancia política e interés jurídico».
«La legalización de la eutanasia y el suicidio asistido ya no se percibe como una posibilidad utópica», apunta el texto, por lo que el objetivo del Defensor del Pueblo es agitar el debate en Andalucía planteándoselo a los partidos con presencia en el Parlamento cuando el informe presentado ayer llegue a la Comisión de Salud para abordar los datos que ofrece. La idea, aseguró Maeztu, pasa por pedirles a los grupos «que den un paso más allá» y pongan en marcha «un proceso participativo» donde participen los distintos colectivos sociales, expertos y trabajadores del sistema de salud.
