(Actuall/InfoCatólica) El Ayuntamiento de Castellón anunció ayer que van a retirar la cruz del parque del Ribalta alegando que se trata de un símbolo franquista, a pesar de que dicha Cruz no tiene ni un solo símbolo alusivo al franquismo.
La alcaldesa se apoya en el informe no vinculante de un comité de expertos de Memoria Histórica de la Generalitat valenciana, pese a tener un contencioso administrativo abierto por la retirada de la cruz, por lo que la retirada se estaría llevando a cabo de una manera irregular.
El paso mes de junio la Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC) envió un requerimiento a la Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana para que cesaran las labores de la Comisión Técnica de Coordinación para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura, así como del Comité de Expertos por asumir unas competencias que no les correspondían por ley.
Al mismo tiempo, la AEAC envió una advertencia a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, en la que se le pedía ignorar cautelarmente el informe del Comité de Expertos que daba el visto bueno al traslado de la Cruz del Parque Ribalta, puesto que si se confirma la ilegalidad de ese Comité la alcaldesa podría incurrir en un delito de prevaricación.
«Como venimos repitiendo desde que la Cruz de Ribalta saltó a la opinión pública, se está prevaricando al retirar el monumento, no por su condición de vestigio franquista, sino por su significado cristiano», ha manifestado Polonia Castellanos, presidenta a la Asociación de Abogados Cristianos (AEAC).
La cruz fue construida en 1944 dedicándose a los caídos, pero en 1979, con el acuerdo de todos los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, se decidió mantener el monumento en el emplazamiento actual eliminando cualquier connotación franquista y dedicando la cruz a las víctimas de la violencia, por lo que dejó de tener cualquier vestigio de franquismo.
En caso de aprobarse la retirada de la Cruz, la Asociación de Abogados Cristianos se querellará contra la alcaldesa de Castellón por un delito de prevaricación, y mientras tanto va a solicitar medidas cautelarísimas para detener la eliminación de la Cruz.