(Agencias/InfoCatólica) El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, ha defendido que la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «no cuestiona las exenciones fiscales de la Iglesia» y, por tanto, «no se puede elevar a categoría general».
«No es una desautorización ni un cuestionamiento de las exenciones fiscales que pueda tener la Iglesia sino que se refiere a una cuestión prejudicial planteada por un juzgado de Madrid sobre un litigio y una obra concreta, no elevemos a categoría general», ha precisado Gil Tamayo este viernes 30 de junio en rueda de prensa en Madrid, tras la 242 reunión de la Comisión Permanente de la CEE.
Además, ha precisado que en la sentencia, el TJUE dictamina que la exención fiscal del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de que disfruta la Iglesia Católica en España puede ser una ayuda de Estado ilegal si las actividades ejercidas tienen naturaleza económica, pero «no lo dice categóricamene». En cualquier caso, ha asegurado que la Iglesia quiere «cumplir con la legalidad».
«Desamortización encubierta»
Por otro lado, sobre el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde 1998 que está preparando el Gobierno, Gil Tamayo ha reconocido que fue «una sorpresa» y ha pedido «no entrar en un clima de desamortización encubierta» ni que este censo se convierta en «un listado de bienes objeto de subasta».
«Nosotros lo hemos hecho con absoluto respaldo de la legalidad vigente y conforme a la ley, lo que no se puede es entrar en un clima de desamortización encubierta o manipulación del sentido del bien de dominio público. El bien de domino público es un monte que pertenece a una comunidad y pueden pastar o llevarse entre todos los empadronados las cuotas de resina», ha explicado.
También ha puesto el ejemplo de una catedral, una iglesia o una casa parroquial y ha indicado que lo que ha permitido la inmatriculación es «darle forma» pero «no le ha dado la propiedad porque la propiedad ya existía».
«Lo que no puede convertirse es en un listado de bienes objeto de subasta. No, aquí tenemos que ser serios, hay que saber lo que significa dominio público y lo que es el ámbito de la propiedad privada que es en este caso de una colectividad», ha subrayado.
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- La izquierda y las inmatriculaciones de la Iglesia en España, por Alfonso Basallo
Ley de libertad religiosa
«Lo que funciona hay que ayudar a que siga funcionando». Con estas palabras defendió D. José María la plena vigencia de la Ley de Libertad Religiosa, que el Congreso ha instado a modificar por iniciativa de ERC, con el apoyo del PSOE y Podemos/IU.
El portavoz de los obispos señaló que la Iglesia está «satisfecha» con el desarrollo de esta norma, que se encuentra en vigor desde 1980 y que ha servido de marco para mantener con los distintos gobiernos «unas relaciones instucionales de colaboración e independencia».
Pese a ello, Gil Tamayo recordó que la decisión de modificarla «no depende de la Iglesia si no del Parlamento» y que la Conferencia Episcopal acatará en cada momento «lo que establezca la legislación».
