(El Día/InfoCatólica) La Comisión Especial nombrada para el estudio de las recomendaciones del Jefe del Estado rindió un informe desfavorable en lo referente a la despenalización del aborto en los casos en que la vida de la madre esté en peligro, violación o incesto, o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.
El nuevo Código Penal impone penas de hasta tres años a las mujeres que se practiquen un aborto. Los médicos, enfermeras, parteras, cirujanos, farmacéuticos u otro profesional que ayude a causar el mismo, incurrirán en una pena de hasta 10 años.
Asimismo, tiene una disposición especial que ordena que el aborto sea materia de una ley especial que deberá aprobarse y promulgarse en el futuro, aunque no define el tiempo.
Además, impone una condena de 40 años de prisión para los feminicidios, la acumulación de la pena hasta 60 años de reclusión y eleva la pena máxima de 30 a 40 años de cárcel.
En la violencia doméstica o intrafamiliar existen sanciones que van de 20 a 40 años de prisión.
Feministas pierden batalla
Momentos antes de que los legisladores rechazaran las observaciones del Poder Ejecutivo en torno al aborto, con pancartas en manos la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres hacía un llamado al Senado a favor acoger las recomendaciones del mandatario al Código Penal.
Los grupos feministas expresaban que la penalización absoluta del aborto persiste en contra de la voluntad de la gran mayoría de la población.
Sin embargo, la Iglesia, a través de una carta pastoral emitida por la Conferencia del Episcopado Dominicano, expresó su indignación ante el pedido de Medina a favor de revisar la ley.
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