(RC) Caamaño explica a Religión Confidencial que el Ejecutivo Regional que preside Susana Díaz discrimina a la enseñanza concertada «al limitar su existencia a unos límites decididos políticamente, pero que en nada responden a la demanda real de las familias».
El Secretario General de la CECE-Andalucía afirma que «la defensa de lo público, que abandera la Administración, traspasa los límites de la neutralidad ideológica que debería exigírsele a cualquier Administración, que debe velar por el buen funcionamiento de la red que administra (los centros públicos), pero sin que eso signifique orientar o incluso «forzar» la voluntad de las familias, que tienen derecho a elegir la formación que deseen para sus hijos, voluntad de los ciudadanos que debe ser respetada por cualquier gobierno, sea del signo que sea».
El Ayuntamiento de Cádiz se ha excedido
Caamaño explica que esos límites han sido traspasados, «en efecto, por el Ayuntamiento de Cádiz, que todo hay que decirlo, es un hecho de excepción entre los responsables municipales andaluces (al menos que conozcamos), pero que responde a la conocida actuación extremista-radical de esos gobernantes municipales. Aún así, no han conseguido evitar lo que pretendían, ya que ha habido un manifiesto crecimiento de la demanda en los centros concertados de la localidad», desvela a RC.
Como se recordará, el gobierno municipal gaditano ha enviado una carta a los padres donde les piden que apuesten por la educación pública y que matriculen a sus hijos en colegios estatales, olvidando el resto de opciones educativas. En la carta, aseguran que la escuela pública «es el ámbito ideal para cumplir con una formación académica de calidad y con la adquisición de valores como la igualdad, la libertad o la participación ciudadana».
Retirada de conciertos
Respecto a la retirada de conciertos, Rafael Caamaño informa a RC que este año ha sido «la renovación general de los conciertos en Andalucía, en la que han participado unos 4.500 centros sostenidos con fondos públicos».
Han concurrido en la convocatoria 3.856 centros públicos que hacen un total 40.936 unidades. Asimismo, han participado en la misma 600 centros concertados (9.597 unidades) es decir, el 19% de la enseñanza de Andalucía.
«Se les ha renovado a la práctica mayoría de los mismos, excepto a una decena de centros, que les afecta este curso en cerca de otras tantas unidades. Si bien es verdad que no ha sido un problema del volumen que algunos aventuraban (retiradas masivas, gran afectación de la caída de natalidad, etc.), en cualquier caso, y aún teniendo en cuenta que las unidades no renovadas efectivamente lo son por tener poca demanda, se debería tener en cuenta que en la mayoría de los casos pueden ser circunstancias coyunturales, que repunten el curso próximo, y que la retirada de una unidad en el primer curso del nivel educativo, prácticamente aboca a la pérdida de la línea completa año tras año», explica Caamaño.
El secretario general de la CECE andaluza afirma que, aunque la Consejería de Educación ha asegurado que, si la situación de la natalidad y la demanda revierte, ellos repondrán las unidades retiradas.
Centros públicos con plazas
«La principal razón de dicha retirada de conciertos ha sido la bajada de natalidad y que en la misma zona hubiera centros públicos con vacantes: esta última razón es totalmente inaceptable, ya que los centros que tengan demanda deben seguir teniendo sus unidades concertadas, independientemente de que otros centros públicos no la tengan», asevera Caamaño.
Otro problema es el de los centros de educación diferenciada, que hay que añadir a los anteriores, un total de 9 centros en Andalucía, a los que se ha retirado este año 40 unidades, y la amenaza de continuar retirándoles el resto en años próximos, pues de momento sólo les mantienen las que tienen ya en funcionamiento. Estos centros tienen presentados los correspondientes recursos contenciosos, a la espera de Sentencia del tribunal Supremo, que esperan se pronuncie en breve, y que de ser positiva, obligaría a la Junta a reponerle las unidades retiradas.
«Evidentemente, si se mantuviesen esas retiradas de conciertos, las pérdidas de puestos de trabajo serían numerosísimas, cercanas a los 700 afectados», informa Caamaño.
