(El Nacional) «El bloqueo a la Asamblea Nacional persiste. Me sigue preocupando que el país se encuentre en estado de excepción con respecto a asuntos de materia económica, desde hace aproximadamente un año. Esto no es normal. Ni otras medidas, como la cancelación del referéndum revocatorio, que no se haya resuelto el problema de los diputados de Amazonas, que se hayan pospuesto las elecciones de gobernadores. Todo esto configura una situación de dictadura», indicó el cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas.
Señaló que el contexto actual añade desesperanza y angustia a la gente que «ya sufre dolorosamente la situación de desabastecimiento y carestía de alimentos y medicinas».
El cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Mérida, sostuvo que «las correcciones a las sentencias son retoques cosméticos que no resuelven en absoluto la situación porque siguen las medidas que cercenan la Asamblea Nacional como poder autónomo y confunden a la población. Continúa vigente la solicitud del cardenal Parolin, hecha el año pasado, para que vuelva la vigencia plena del Parlamento. Este es un reclamo universal de muchos países».
Dijo que los recientes fallos son la punta del iceberg de más de 50 actos del TSJ contra la AN. Añadió que la situación se agravó con los ataques de la fuerza pública a los diputados y manifestantes de la marcha del sábado.
El cardenal Porras indicó que el rechazo de la soberanía popular y negar la participación de cualquier grupo que disienta del poder central es reprochable desde el punto de vista ético moral. «De continuar, esto puede ser una invitación al caos y al desorden y provocar un baño de sangre innecesario. Si hay razones para desconocer al Legislativo, es el pueblo quien tiene que decidirlo. En este momento las necesidades reales de la gente son la falta de alimentos y de medicinas», señaló.
El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Mons. Diego Padrón, advirtió que la nación avanza hacia un totalitarismo. «Las decisiones políticas tienen graves consecuencias para el destino del país. No habrá soluciones mientras la sociedad civil no tome conciencia de su papel y obligue a los partidos a tomar posturas contundentes. Deben hacer valer los mecanismos constitucionales. La protesta es legítima y un derecho válido».
El cardenal Urosa coincidió en que no se puede permanecer pasivo ante la violación de los derechos, y llamó a trabajar por el bien común.
Monseñor Ovidio Pérez Morales, obispo emérito, dijo que lo ocurrido con las sentencias del TSJ es un elemento más de la ruptura del orden constitucional y evidencian que no hay separación de poderes. «No estamos en una democracia débil, este es un régimen dictatorial y totalitario de concentración del poder. Es el momento del protagonismo de la sociedad civil. Llamo a la Fuerza Armada a que no actúe como guardia del régimen, sino como guardia de la Constitución, que resguarde la soberanía y la integridad de la república».
