(AsiaNews/InfoCatólica) El pasado 6 de Marzo el gobierno del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha propuesto someter a régimen fiscal los institutos escolares religiosos, acción a la que se han opuesto los obispos filipinos.
El actual presidente de la Cámara, Pantaleón Álvarez, que hace un poco de tiempo había definido a los obispos «un grupo de hipócritas», había declarado que las escuelas de propiedad de la Iglesia deberían ser tasadas. Según el político, la medida mejoraría los ingresos fiscales del gobierno.
Durante la audiencia para el proyecto de ley de la reforma promovida por la administración Duterte, Álvarez propuso la revisión de la política de imposición del gobierno en materia de institutos religiosos. El político sostiene que algunas escuelas, dirigiéndose a estudiantes provenientes de familias de rédito más elevado, pueden aumentar el costo de las cuotas.
Los obispos respondieron con rapidez a las declaraciones de Álvarez. Pablo David, obispo de Kalookan declaró que la Iglesia lo que hace es cooperar con el Gobierno, ya que no está en capacidad de dar «en manera adecuada» una instrucción sobre todo a nivel primario y secundario.
«El hecho que no está en capacidad. En la Iglesia hemos siempre pensado que estábamos haciendo un favor al gobierno, impartiendo una educación de calidad donde el estado no está en capacidad de hacerlo de manera adecuada». Este fracaso, dijo, es visible en las escuelas públicas donde muchos estudiantes están obligados a estudiar en aulas sobre pobladas por la falta de edificios escolares y docentes», explica el obispo.
Agregó que los recursos del gobierno no son suficientes para dar una instrucción adecuada para todos sus ciudadanos. «No contamos ni siquiera con los fondos públicos para administrar nuestras escuelas. ¿No deberían tratarnos como sus socios y aliados, en vez que como adversarios?» -se pregunta el obispo.
Analistas señalan posible móvil de la medida
Muchos analistas políticos sostienen que la moción represente en realidad una venganza de las autoridades contra los obispos. Desde hace meses la Iglesia se ha plantado con una voz crítica de los asesinatos extra-judiciales de la guerra a la droga del presidente Duterte y es una dura opositora de la reintroducción de la pena de muerte.
