(InfoCatólica) La Dirección General de Igualdad de la Generalitat ha abierto un expediente informativo para analizar si la conferencia que pronunciará el católico homosexual francés Philippe Ariño el próximo domingo en Barcelona, en un ciclo organizado por el Arzobispado, «sería sancionable» por homófoba.
La apertura del expediente informativo se ha producido después de que el Observatorio contra la Homofobia (OCH) haya pedido al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que, «al amparo del deber de intervención de la ley contra la LGTBIfobia», intervenga para impedir la conferencia de Philippe Ariño.
En el mismo sentido se ha pronunciado la comisión de Igualdad del parlamento catalán.
Comunicado de e-Cristians
¿Cataluña no es país para los Católicos?
¿El Parlament de Catalunya ha abandonado sus funciones para actuar como una Asamblea chavista?
El fundamento de la democracia es la separación de funciones, entre el legislativo, ejecutivo y judicial. Cuando esta división no se mantiene, el estado de derecho desaparece, y la libertad peligra.
Ahora, en un hecho insólito porque es la primera vez que sucede, la Comissió d’Igualtat de les Persones del Parlament ha hecho público un Manifest de Recolzament al col·lectiu LGTBI (ndr: Manifiesto de apoyo al coletico LGTBI), en el que «insta a la organización de la charla a evitar dar espacio a planteamientos que atenten contra el derecho a la no discriminación» en relación a la anunciada conferencia del intelectual católico y homosexual francés Philippe Ariño, en el marco de una actividad de la Delegación de Juventud del Arzobispado de Barcelona, y en una sede diocesana.
Esta actuación parlamentaria, firmada por los representantes de los partidos del gobierno de la Generalitat ERC, PDECat, así como la CUP, PSC, CSQP, y Ciudadanos constituye un precedente muy grave de intromisión parlamentaria en la sociedad civil, y una degradación de las funciones del Parlament catalán.
El Parlament y los parlamentarios en su función oficial, como representantes de una Comisión, no tienen como misión elaborar manifiestos, como no lo tienen las otras dos instancias del poder. Cada una de las tres ramas tiene sus canales propios para actuar: leyes, acuerdos de pleno o comisión, mociones, preguntas, proposiciones no de leyes, y en este ámbito han de moverse, de la misma manera que el ejecutivo lo hace por medio de acuerdos de gobierno, proyectos de ley, decretos, órdenes, etc., y el judicial con autos, sentencias, etc. Los miembros de la Comisión se han extralimitado en su mandato y han confundido el Parlament de Catalunya con una asamblea irregular.
Exigimos de la Presidencia del Parlament que pida un informe jurídico a sus servicios sobre este proceder, y una actuación para restituir el significado de la alta misión de nuestro Parlament.
Más grave aún: el Parlament no puede instar a ningún ciudadano o entidad a hacer o dejar de hacer nada, porque es una desviación radical de sus funciones, y en la práctica un chantaje, que desvirtúa el decoro de la Cámara. El papel del Parlament es controlar el poder ejecutivo, y en ningún caso el pueblo, que es una práctica bananera. Es a la justicia a quien le compete velar por la aplicación de la ley. Convertir el Parlament en una especie de Tribunal alternativo es un precedente muy peligroso para nuestra salud democrática.
