(Pressenza/InfoCatólica) El gobierno de Holanda lanzará un fondo internacional para financiar el acceso a anticonceptivos y al aborto en países en desarrollo, una respuesta a la política instaurada por el gobierno de Donald Trump el pasado lunes 23 de enero, que establece que Estados Unidos no seguirá financiando organizaciones que actúan fuera del país y que promueven el acceso al aborto.
«Prohibir el aborto no significa que los abortos van a disminuir», declaró la ministra de Comercio y Cooperación Internacional de Holanda Lilianne Ploumen. «(La prohibición) lleva a más prácticas irresponsables en lugares insalubres y a más muertes maternas.»
Según Ploumen, la decisión del gobierno Trump pone en riesgo los recientes avances en salud de las mujeres alrededor del mundo.
«No podemos dejar que esto suceda. Necesitamos compensar ese golpe financiero tanto como podamos, con un fondo amplio –al cual gobiernos, empresas, la sociedad y organizaciones civiles puedan hacer donaciones– para que las mujeres sigan controlando sus propios cuerpos», afirmó la ministra.
De acuerdo con la agencia Reuters, el gobierno holandés ya comenzó a discutir la iniciativa con otros miembros de la Unión Europea, que respondieron positivamente a la decisión, según informó un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda este miércoles 25. Países no europeos, así como empresas e instituciones, también serán invitados a participar.
La medida restablecida por Trump –que había estado en vigor en los gobiernos republicanos de Ronald Reagan, George H. W. Bush y George W. Bush y fuera suspendida en los gobiernos demócratas de Bill Clinton y Barack Obama– exige que organizaciones no gubernamentales que reciban fondos de los Estados Unidos demuestren que no realizan abortos y que no mencionan el aborto como método de planificación familiar.
Conocida como «global gag rule» («regla de la mordaza global» en traducción libre), tal medida también veta la asistencia federal norteamericana a organizaciones internacionales que usan fondos de otros países que no son los Estados Unidos, para financiar programas que realizan abortos o que hacen presión por la legalización del procedimiento en países donde el aborto es criminalizado.
El gobierno holandés estima que la restricción de la nueva administración de los Estados Unidos costará u$s 600 millones a organizaciones internacionales proabortistas a lo largo de los próximos cuatro años.
