(The Washintong Post/InfoCatólica) Esta medida, cuyos detractores han calificado como anticonstitucional y sin precedentes, queda ahora en manos de la gobernadora republicana Mary Fallin, quien contara con cinco dias de plazo para decidir firmar o no el proyecto de ley; su despacho no ha respondido a preguntas acerca de cual es su intención.
Este proyecto de ley es el primero de su tipo según el Center for Reproductive Rights, y afirma que otros estados que buscan prohibir el aborto simplemente han hecho eso precisamente y no han incluido sanciones cómo en este caso.
Según esta medida, conocida como Ley del Senado 1552, cualquier persona que practique o induzca un aborto será culpable de un delito grave punible por entre uno y tres años de reclusión en una penal estatal.
La legislación estipula así mismo que a cualquier médico que practique un aborto —lo cual el texto califica como «conducta contraria a la ética profesional»— le «será prohibido obtener o renovar una licencia para practicar medicina en el estado». Sin embargo, la licencia para practicar no sera decpojada de médicos que lleven a cabo un aborto que se considere necesario para salvar la vida de una madre.
El proyecto de ley superó la camara baja con 59 votos a favor y 9 en contra el mes pasado; ayer fue aprobado por el senado 33 votos a favor y 12 en contra.
«Creo firmemente que la vida se inicia en el momento de la concepción y que esta debe ser protegida, estoy también convencido de que es una función esencial del gobierno defenderla desde ese mismo momento», comento a la Associated Press el senador estatal republicano Nathan Dahm, quien representa al condado de Tulsa.
Dahm dijo que tiene esperanzas de que esta medida por parte de Oklahoma redundará en la derogación de Roe vs. Wade, el fallo de del Tribunal Supremo de los EE.UU de 1973 que reconoció el derecho de la mujer al aborto.
«Esta es una prohibición del aborto, ni más ni menos», afirmó Dawn Laguens, vicepresidenta ejecutiva de la Federación Planned Parenhood de los Estados Unidos, en una declaración despues de que la legislatura aprobó el proyecto de ley «Castigar a los médicos por practicar una procedimiento medico legal es un ataque a la mujer».
La asociación medica del estado, que ha calificado la medida como «preocupante», dijo que no adoptaría ninguna postura en relación con la legalidad del aborto. Sin embargo, el grupo ha dicho que se «opondría a legislación diseñada para intimidar a los galenos o a suplantar su criterio médico».
Cuando la ley se debatió en la cámara baja un legislador, que ultimadamente votó en contra, citó este pasaje y señaló que la medida podría obligar a los médicos abandonar un estado que ya se encuentra falto de los mismos. Un proponente de la ley aseguró la medida no tendria ningun impacto.
Desde que accedió al cargdo de gobernadora, Mary Fallin ha aprobado más de una docena de proyectos de ley provida.
El proyecto de ley «es abiertamente anticonstitucional, si llegara a ser aprobada será la ley más extrema en contra del aborto en este país» desde el fallo Roe v. Wade, dice Amanda Allen, consejera juridica principal del Center for Reproductive Rights, en una una carta que escribió a Fallin el jueves.
Allen afirmó que su grupo está exhortando a Fallin a vetar la legislación, que es es tan solo una parte de un patron más amplio de hostigamiento por parte de los legisladores del estado para erosionar el dercho al aborto.
«Los legisladores deberian concentrarse en promover normas que efectivamente promuevan la salud y seguridad de la mujer y no en restringir el aborto, lo cual tiene un resultado inverso», escribió Allen. «Los legisladores que se oponen al derecho a escoger sistematicamente han restringido el acceso al aborto y han desatendido la promoción de medidas que solucionen problemas con los que la mujer y la familia se encaran a diario».
Allen aseguró que el proyecto de ley «sin duda provocará impugnaciones jurídicas costosas que el estado dificilmente podrá defender dado el precedente imperante ante el Tribunal Supremo».
Traducido por Enrique Treviño, del equipo de traductores de Infocatólica
Texto original en The Washington Post