(Gaudium Press/RV) El prelado insistió sobre los efectos negativos de las drogas sobre la familia y la sociedad y la necesidad trabajar en rehabilitar a las personas atadas al consumo de estos elementos.
«La Santa Sede rechaza firmemente el uso de drogas ilegales y la legalización del uso de narcóticos», señaló Mons. Auza en la introducción del tema y recordó el llamado del papa Francisco a trabajar en su lugar en las causas del problema como lo son la justicia social, la adecuada educación de los jóvenes y el acompañamiento a quienes padecen dificultades. Los intentos de legalización de «las llamadas drogas recreativas no sólo son altamente cuestionables», sino que además «fracasan en producir el efecto deseado».
El prelado citó las palabras del Pontífice cuando criticó la posibilidad de legalización: «La batalla contra la drogas no puede ganarse con drogas. Las drogas son malas y con el mal no puede haber rendición ni transigencia». Además de esta posición, el Observador Permanente recordó al insistencia de la Iglesia en «la importancia de la familia como la piedra angular de las estrategias de prevención, tratamiento rehabilitación, reintegración y salud». Mons. Auza recordó que el uso de drogas crea desequilibrio en las relaciones familiares - «cuando un miembro es adicto, toda la familia sufre», indicó -, afecta negativamente la comunidad local y finalmente desestabiliza la sociedad.
El enfoque en la familia permite prevenir las futuras adicciones al educar a los niños en la virtud de decir «no» a las drogas ilícitas, y la reducción de la demanda conduciría necesariamente a una reducción del tráfico de drogas. «De esta manera, al educar a nuestros niños y jóvenes sobre el daño del abuso de drogas es un elemento importante en la lucha contra el uso de las drogas desde el lado de la demanda», indicó.
El prelado recalcó la importancia de dedicar esfuerzos a la rehabilitación de los adictos a las drogas, quienes necesitan un gran apoyo de parte de la sociedad, e invocó el principio de proporcionalidad sobre las penas impuestas a cada uno de los involucrados en la cadena criminal del tráfico y consumo de drogas.
